Jueves, 29 Enero 2026
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Por Francisco Pomares 

Leo en un digital que cuando Zapatero dejó la presidencia del Gobierno en 2011, declaró un patrimonio modesto: poco más de 200.000 euros y una parcelita en León. Siete años en el poder no le convirtieron en un hombre rico. Pero diez años después, sin embargo, su patrimonio ha sufrido una metástasis: chalets en Madrid, una villa en Lanzarote, viviendas para sus hijas, operaciones inmobiliarias rápidas y una residencia familiar que no está a su nombre.

Ser rico no es ilegal. Tampoco lo es vender un chalet en Aravaca por más de dos millones de euros, en una operación exprés, al contado y sin mediar hipoteca por parte del comprador. Ni hacer esa venta cuando su nombre sale en noticias e informes vinculados a gestiones para Venezuela. La coincidencia resulta inquietante.

En realidad, el problema real es que Zapatero lleva quince años sin publicar su declaración de bienes, por lo que se desconocen los ingresos que recibe por sus trabajos como consultor, ni que países financian sus fundaciones, ni cuáles son las empresas que contratan sus servicios, ni con qué sociedades instrumentales opera. Tratándose de un tipo que resulta que fue presidente de España durante ocho años, y que tiene una acusada tendencia a la hiperactividad en el tablero de la política internacional, la absoluta ausencia de rendición de cuentas resulta anómala. En un país distinto al nuestro, hace años que habrían saltado las alarmas, obligándole a darnos algunas explicaciones. Aquí no ha ocurrido eso. Si ahora la fortuna personal de Zapatero es objeto de curiosidad y controversia, es porque al hombre lo han pillado reuniéndose en secreto con el presidente de la aerolínea Plus Ultra. Si, precisamente la que trajo las mascarillas desde China a Canarias, la que rescató Sánchez durante la pandemia por 53 millones. Se reunió con el presidente de Plus Ultra 72 horas antes de que Julio Martínez fuera detenido por agentes de la Udef acusado de fraude. Tampoco ha dado ninguna explicación pública sobre los motivos de ese encuentro. Y es poco probable que las de, a menos que sea obligado a hacerlo por un juez.      Parece obvio que participó en el rescate de Plus Ultra, aprobado por la SEPI siguiendo instrucciones de Moncloa. Existe constancia documental de su proximidad a la operación. Y a eso se suma la constancia de que realizó gestiones para desbloquear pagos millonarios de Venezuela a Globalia, la matriz de Air Europa, siempre en el cruce entre intereses empresariales, dinero público y poder político.

Durante más de una década, Zapatero ha desarrollado una intensa actividad política fuera del país al margen de cualquier representación del Estado. Su relación con Venezuela es el ejemplo más evidente: ha viajado decenas de veces a Caracas, se ha reunido personalmente con Maduro, ha actuado como mediador sin mandato oficial y ha avalado procesos electorales y negociaciones internas sin supervisión de nadie. Ha asumido una diplomacia paralela basada sólo en su condición de expresidente de España. Pero hay más: Zapatero se ha convertido también en intermediario habitual entre Pekín y Madrid: foros empresariales, Gate Center, relaciones institucionales y una presencia muy cercana a la marca Huawei. Sin duda, su extraordinaria relación con Sánchez –con quien comparte vacaciones en Lanzarote- tiene algo que ver con el cambio sustancial de la política española en relación con China, con nuestra posición enfrentada a Bruselas sobre los coches eléctricos chinos, o con el enorme interés de Sánchez por abrir España a los intereses de Pekín. Por supuesto que tampoco nada de esto es ilegal. Pero sí resulta impensable en democracias comparables a la nuestra que un expresidente opere con tal grado de discrecionalidad frente a una potencia estratégica rival, sin control parlamentario ni obligación de transparencia financiera.

Zapatero es también el primer político español que aplaudió el cambio de posición de España con el Sahara. su cercanía a Marruecos es conocida desde antes de salir del Gobierno. Pero es desde 2015, cuando su agenda internacional se ha disparado: Grupo de Puebla, observación electoral en regímenes poco democráticos, asesorías difusas, plataformas empresariales tecnológicas, fundaciones opacas, cargos honoríficos y remunerados. Todo legal. Todo desregulado. Todo fuera del radar. Pero la pregunta que hay que hacerse no es si Zapatero ha cometido algún delito. La pregunta es si nos parece razonable que un expresidente pueda actuar así: diez años sin declarar su patrimonio y multiplicándolo por cien, mientras ejerce una influencia política y económica internacional sin supervisión alguna.

En otras democracias, esa combinación sería sencillamente inaceptable. Aquí, en cambio, Ya no nos da ni por arquear la ceja.


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