Sánchez tiene un plan
Francisco Pomares
La respuesta de Pedro Sánchez a los escándalos por corrupción fue asegurar que su Gobierno era el más limpio de la historia de España (¿desde Atapuerca?).
Lo dijo hace dos meses, en julio, cuando tuvo que responder ante el Congreso al informe de la UCO que acabó con Santos Cerdán en la cárcel. En realidad, nada de lo que dijo era cierto: en los últimos años el Consejo Europeo, el Banco Mundial y otros organismos han sido muy críticos con la calidad y limpieza de la democracia española, y en el informe de Transparencia Internacional, en su Índice de Corrupción de 2024, se situaba a España en el peor puesto de su historia, el puesto 46, por detrás de países como Ruanda, Qatar o Arabia Saudí. Nunca antes, en la serie histórica de ese organismo, cuya presidenta formó parte del equipo de campaña de Sánchez en 2016, España nunca había caído tan abajo en el ranking. El índice recoge los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, por expertos y empresarios y contrastando esos datos con la opinión de fuentes internacionales independientes, como el Foro Económico Mundial. En el ranking de 2024, España está en el puesto 46, por detrás de países como Ruanda, Qatar o Arabia Saudí.
La mejor posición nacional se produjo en los primeros años de Aznar –antes de los Gurtels & Cía- cuando nuestro país figuraba como el número 20 en la lista. Cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, España había bajado al puesto 41. El año después -2019- España logró alzarse hasta el puesto 30 de países limpios y Sánchez se felicitó alborozadamente por eso. Pero España comenzó a caer en picado inmediatamente después: al puesto 32 en 2020; al 34 en 2021; al 35 en 2022 y al 36 en 2023. En 2024, perdió hasta 10 puntos, cayendo al puesto 46. Por supuesto, en las realidades paralelas del cerebro de Sánchez, España seguía siendo un país limpio, y él mismo, Mister Propper.
Cuando Trasparencia Internacional publicó sus cifras de 2024, el Gobierno argumentó que el mismo ranking por el que años atrás el presidente sacó pecho, “lo elabora una ONG”, y “no cabe la posibilidad de comparar de forma homogénea a los distintos países”. Fue entonces –casi un año antes de lo de Santos Cerdán, cuando Sánchez recordó que el Gobierno ya había aprobado un Plan de Acción por la Democracia, uno de cuyos objetivos era la contención de la corrupción, con medidas como la regulación de los grupos de interés, o la modificación de la ley de Secretos Oficiales, un instrumento franquista que Sánchez usa para negar información sobre sus vuelos en Falcón y a la que el Gobierno se ha acogido en numerosas ocasiones para ocultar los vuelos a República Dominicana; o la modificación del concepto de ‘intimidad’ que permitirá al Gobierno prohibir la publicación de informaciones que no le gusten; o el encargo a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia –presidido por Cani Fernández, anteriormente empleada de su Gabinete personal en Moncloa-, intervenir en medios de comunicación y redes sociales… O la propuesta más polémica: la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal que pondrá a la Fiscalía del Estado, un organismo al servicio del Gobierno, al frente de las investigaciones judiciales.
Sánchez volvió a hablar de un plan por la democracia y contra la corrupción en el pleno del 9 de julio, tras uno de sus tradicionales lloriqueos –“he pensado en dimitir”, “asumo mi responsabilidad”, “siento una honda sensación de decepción conmigo mismo y con aquellos en los que nunca debí confiar…-. Fue entonces cuando anunció un plan anticorrupción, con una «agencia de integridad» y quince medias agrupadas en bloques sobre la prevención y transparencia, la protección a los denunciantes, el refuerzo de la respuesta judicial, la recuperación de activos por medio del decomiso preventivo y la formación de la cultura de la integridad. Un sistema teóricamente negociado con la OCDE (aunque nadie dio razón de eso), con exclusiones y listas negras para que las empresas condenadas por corrupción no puedan seguir contratando con la Administración.
Y ayer, dos meses después del estallido del caso Cerdán, el Gobierno ha presentado por fin la medida central de su Plan para acabar definitivamente con la corrupción: crear una comisión integrada por cinco ministros (tres suyos y dos de Sumar, y por su jefe de Gabinete. La persona de más rango al frente de la comisión es la misma que reiteradamente puso la mano en el fuego por Santos Cerdán. La que dos días después de entrar Cerdán en prisión dijo aquello de “ese señor no tiene nada que ver con el PSOE”. Pues eso. Ánimo: estamos en buenas manos.
