Sentencia firme a favor del Plan Parcial de Playa Blanca
Por Antonio Coll
La noticia de la sentencia firme del Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de validar el acuerdo de legalización realizado por el Ayuntamiento de Yaiza a través del Plan General de Yaiza, donde se contemplaba la regulación del Plan Parcial de Playa Blanca, ha sido muy bien recibida por muchos propietarios y promotores, y aplauden la decisión del pleno municipal, entonces, dirigido por la alcaldesa Gladys Acuña. Como bien es sabido, la FCM interpuso hace algunos años un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Yaiza, en octubre de 2015, que venía a legalizar el polémico Plan Parcial de Playa Blanca. Un Plan, según este mismo medio, que ha pasado por múltiples vicisitudes jurídicas, entre ellas, la de la propia anulación en su día, que dejó en precario a la urbanización con centenares de casas a medio acabar y muchos promotores en quiebra técnica, al verse obligado a abandonar los distintas obras en los complejos, que fueron embargadas por distintas entidades bancarias. Centenares de familias que habían adquirido de buena fe sus viviendas, se vieron afectadas al comprobar las irregularidades jurídicas de los inmuebles.
Conocer la actitud de la FCM con respecto a la zona turística de Playa Blanca, se hace indispensable para conocer e interpretar sus estrategias de perseguir a determinados promotores turísticos lanzaroteños. El hecho tiene su importancia porque al margen de su libertad de estar en contra de promotores-empresarios, sus acciones tienen consecuencias colaterales que afectan a muchos ciudadanos trabajadores que, en el caso que nos ocupa, compraron sus viviendas para residencia habitual. El largo proceso del citado Plan Parcial, afortunadamente aprobado por la Justicia, ha hecho mucho daño económico y social.
En mi ánimo nunca ha estado polemizar con las directrices que, en los últimos tiempos, lleva a cabo la institución cultural y pictórica, pero siempre he puesto una mirada crítica por determinadas actuaciones, en mi opinión, muy politizada, circunstancia que puede provocar, en mucha gente, que la FCM pierda credibilidad y prestigio, por determinadas actuaciones y persecuciones. Por supuesto, el ente cultural, es libre para tomar decisiones y aplicar las políticas que crea más convenientes. Trabajar con responsabilidad y actuar dentro de sus líneas generales marcadas, no es obstáculo para mantener buenas relaciones con otras entidades y las administraciones públicas, acentuando su servicio a la sociedad en sus ofertas culturales, medioambientales y, por supuesto, difundir la obra del artista internacional Manrique. Pero lo que debe de evitar es crear confusión y pleitos judiciales continuos contra planeamientos urbanos y territoriales. Determinados políticos y empresarios hablan de insoportable presión que ejercita y más cuando se utiliza la repercusión mediática para influir y desprestigiar. Erigirse como autoridad moral de Lanzarote es un desafío discutible y crea muchas dudas, sobre todo, porque no se detecta que determinadas directrices vayan encaminadas a defender lo que, aparentemente, contiene sus bases, que textualmente dice: “Promover los principios fundacionales de investigación, difusión y participación del arte, de la conservación y defensa del entorno y de la cultura en general, así como la obra y espíritu de César Manrique”.
Transformarse con ideas nuevas, acorde a la nueva época en la que vivimos, siempre es saludable porque crea un activo constructivo y en beneficio de toda la sociedad. Trabajar en libertad pero con responsabilidad es, a mi modo de ver, un factor primordial para que la propia FCM encuentre recompensa a su gestión.
La seguridad jurídica del Plan Parcial Playa Blanca, así como del resto de los planes parciales, pasa por tediosos trámites administrativos y largos periodos de tiempo, dice el propio Alcalde Óscar Noda. Y apunta que el Plan General recoge la ordenación del Plan Parcial de Playa Blanca “con rigor técnico y jurídico para garantizar el interés general” “Hoy, tres años y medio después, el Ayuntamiento de Yaiza se enorgullece de que los Tribunales comiencen a ver a nuestra Administración Local como una garante de la legalidad urbanística, confirmando las Resoluciones dictaminadas por el propio Consistorio”, declara el alcalde.
Para terminar solo decir que el órgano judicial desechó todos los argumentos de la FCM y se le impuso el pago de las costas procesales. Como apunté al principio, la sentencia es firme porque la FCM desistió recurrirlo ante el TSJC.
