Sobre el terreno
Francisco Pomares
Esta vez hemos tenido suerte. A pesar de la intensidad de las lluvias, de las riadas, de los desprendimientos y los casi dos millares de incidencias registradas en apenas unas horas, la borrasca Therese se ha saldado sin víctimas mortales. Después de lluvias torrenciales como las de estos días, eso no es un detalle menor. Basta con mirar un poco hacia atrás y recodar el pasado reciente, este último cuarto de siglo, desde 2002, cuando una tromba de agua descargó sobre Santa Cruz dejando ocho muertos y una ciudad colapsada y sin luz en cuestión de minutos. O las inundaciones de febrero de 2010 y octubre de 2014, 2019 o la tormenta tropical Hermine de 2022, con lluvias que volvieron a poner en jaque a varias islas, obligando a evacuaciones, con cortes de carreteras, desprendimientos y rescates. Episodios que siguen muy presentes en la memoria colectiva porque aquí, cuando el agua cae de verdad, lo hace en tromba.
Therese no ha alcanzado la dimensión trágica de aquella gota fría de 2002, pero sí ha vuelto a recordarnos hasta qué punto el territorio condiciona la emergencia. Más de 1.700 incidencias en el conjunto del Archipiélago, cerca de 600 solo en el norte de Tenerife, carreteras impracticables, núcleos aislados, cortes de suministro eléctrico y municipios enteros pendientes de que el agua decidiera dar una tregua. En Gran Canaria, barrancos desbordados, garajes y sótanos inundados, más el colapso en otras islas, la destrucción de cosechas y plantíos… y unas infraestructuras tensionadas hasta al límite. Y después, la factura: pérdidas agrícolas, comercios anegados, daños que tardarán semanas en poder calcularse y meses –o años- en ser recuperados.
Ese es el contexto. No el de los despachos, no el de los organigramas administrativos, sino el de un territorio fragmentado, abrupto y vulnerable, donde cada decisión cuenta y donde el tiempo de reacción no es –en absoluto- una variable secundaria a despreciar.
Por eso, en medio de este desastre bordeado, el debate que emerge vuelve a ser el de siempre: porque tarda tanto en activarse la Unidad Militar de Emergencias, porque miles de soldados preparados, entrenados y curtidos en hacer frente a la naturaleza desbocada, permanecen durante horas a la espera de que alguien decida por fin que es el momento de intervenir. Por desgracia, la ley estatal de Protección Civil sigue considerando a los cabildos poco menos que administraciones locales al uso. Tenerife o La Palma o Fuerteventura no son como Toledo o Albacete. Hay una realidad insular que define nuestro territorio. Los cabildos no son diputaciones provinciales. La realidad es otra, y bien distinta. La realidad es que si en Canarias las competencias sobre situaciones de emergencia están descentralizadas, no es por capricho, sino por una lógica territorial aplastante. La provincia es una construcción histórica o política, pero las islas son una realidad territorial. Por eso son los cabildos quienes tienen los medios, quienes coordinan los operativos y quienes, en la práctica, dirigen la respuesta incluso cuando la emergencia escala a niveles autonómicos. Son los que conocen el terreno, los que saben dónde puede ceder una ladera o colapsar una vía en cuestión de minutos.
Pero para el Estado eso no es suficiente. La activación de la UME sigue dependiendo de un esquema jerárquico y burocrático ajeno por completo a la realidad de Canarias, donde las distancias son otras y los tiempos de respuesta también. Un modelo que obliga a pasar por filtros administrativos incluso cuando la urgencia no entiende de trámites.
La respuesta a Therese no ha sido un fracaso operativo. Al contrario: la reacción ha funcionado razonablemente bien. Gracias, precisamente, a la proximidad y a la capacidad de los servicios insulares, y al esfuerzo y la profesionalidad de miles de funcionarios. Pero sí ha vuelto a poner en evidencia una disfunción de fondo: el sistema de activación de la UME está diseñado para un país que no es Canarias.
No es algo que sabemos de ahora. Los cabildos llevan años reclamando una modificación legal que permita activar directamente la UME en situaciones de emergencia. No como gesto de poder, sino como herramienta para una respuesta más rápida y eficaz. En las islas, esperar no es nunca una opción neutra. Quizá el problema sea que desde Madrid todo se ve más sencillo. Las administraciones se ordenan por niveles, las competencias se reparten en cascada y el sistema funciona sobre el papel. Pero Canarias no es un territorio de papel. Ni los cabildos son diputaciones. Son gobiernos insulares con responsabilidad ejecutiva reales. Negarles la opción de decidir en medio de una emergencia no es una cuestión jurídica: resulta más bien una desconexión evidente con el territorio. Mientras se mantiene esa inercia, cada episodio climático, cada Therese, vuelve a recordarnos que este Archipiélago sigue teniendo que explicar una y otra vez su singularidad. Incluso en algo tan básico como gestionar una emergencia. Al final, la pregunta es bastante simple: ¿quién debe tomar la decisión cuando el agua baja por un barranco llevándose por delante una carretera? La respuesta, como casi todo en esta tierra, no la vamos a encontraren el BOE: está sobre el terreno.
