Sobre la imposibilidad de culpa
Francisco Pomares
Ha adquirido ya categoría de doctrina la imposibilidad material de que alguien del entorno del poder sanchista haya hecho algo incorrecto. No ya ilegal. Ni siquiera discutible. Simplemente, incorrecto. El axioma es sencillo y categórico: si alguien cercano a Sánchez comete algún delito, es que no es cercano a Sánchez. Con ese argumentario, hemos sabido que ni Ávalos, ni Cerdán ni mucho menos Koldo, eran cercanos a Sánchez. Da igual el tiempo que pasaran en el Peugeot o vigilando las actas o manipulando las primarias de la reconquista. Que hayan sido trincados infraganti demuestra que no eran cercanos a Sánchez. Ocurre que ese axioma universal y aplicable a cualquier afiliado al PSOE, falla con Begoña Gómez. Porque Begoña es la mujer del presidente, bastante cercana a él (sería raro negar su cercanía), y de la que el presidente nos ha dicho ya en un par de ocasiones que está muy enamorado. Por tanto, la única opción posible –no hay otra- es que Begoña no puede haber cometido delito alguno de ninguna de las maneras. Ni queriendo, vaya.
El último ejemplo de que Begoña no puede de ninguna forma, en ningún caso, ocurra lo que ocurra, ser culpable, lo tenemos en la reacción del Gobierno ante la decisión del juez Peinado de dar por concluida la instrucción sobre ella y considerar que existen indicios suficientes para que la esposa del presidente se siente en el banquillo. Conviene subrayar que la imputación del juez no implica una condena. Es sólo una resolución judicial que, tras meses de una investigación gripada y a veces tormentosa, entiende que hay base suficiente para que un tribunal -en este caso un jurado- decida si las pruebas son suficientes para culparla.
En cualquier democracia madura, la decisión del juez debería provocar una reacción elemental: respeto al procedimiento y prudencia en las valoraciones. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario. La respuesta del Ejecutivo es negar la mayor. No hay nada, ni puede haber nada, porque Begoña si es una persona cercana a Sánchez y por lo tanto es intrínsecamente inocente. Quien sostenga lo contrario no solo se equivoca: hace daño a la Justicia, avergüenza a los jueces y actúa de forma, cuando menos, sospechosa.
El ministro Bolaños, ha llegado a afirmar que la instrucción “ha avergonzado a muchos jueces y magistrados” y que el daño causado es “irreparable”. Desde el partido se habla de resolución “errática”, “prospectiva”, incluso de “inquina” personal del instructor. Pero la cuestión es que no se discuten hechos. Solo se desacredita al juez.
En una sociedad democrática, se puede cuestionar el acierto de la justicia e incluso sus intenciones, pero el debate jurídico se debe sostener sobre pruebas, indicios y argumentos. No en descalificaciones personales. Pero el discurso oficial desplaza el foco: no importa tanto lo que dice el auto, sino quién lo firma.
Porque el auto dice cosas. Dice que existen indicios de tráfico de influencias, al considerar que determinadas decisiones públicas pudieron verse favorecidas por la posición de la investigada como presidencial consorte. Dice que pudo haber utilización de recursos y contactos institucionales en beneficio de proyectos privados. Y añade otros posibles delitos vinculados a la gestión del software o al uso de medios públicos.
Por supuesto que son indicios y no verdad judicial definitiva. Lo que corresponde ante esos indicios es discutirlos en sede judicial, no deslegitimar a quien los plantea. Resulta particularmente llamativo el contraste entre la contundencia con la que se niega cualquier irregularidad y la ausencia total de matices. No se contempla siquiera la posibilidad de que haya existido un error, una imprudencia o una confusión entre lo público y lo privado. Nada. Todo es impecable. Todo es intachable. Todo es consecuencia de una clara persecución contra Begoña
Sin duda, esa es la parte más preocupante de este episodio.
La democracia no exige infalibilidad, pero sí responsabilidad. Y esta empieza por admitir que el poder y el entorno del poder puede generar situaciones de riesgo que deben gestionarse con extremo cuidado. Negar esa posibilidad no es un formato razonable de defensa. Es una forma de evadir cualquier responsabilidad. Más aún cuando la propia resolución judicial introduce elementos que, como mínimo, merecerían una reflexión política. En lugar de esa reflexión, asistimos a una estrategia conocida: convertir el procedimiento en un ataque político y al instructor en un actor sospechoso.
No es algo nuevo. Lo hemos visto en otros casos, con otros gobiernos y con otros partidos. La diferencia es que ahora la destrucción ad hominem la protagoniza el propio Ejecutivo, con una intensidad que roza el cuestionamiento de la legitimidad judicial, para instalar la idea de que la culpa del poder jamás existe. De que el poder no puede equivocarse. De que todo cuestionamiento de las acciones investigadas a Begoña es una conspiración. Y eso, más que una estrategia de defensa, es una forma poco sofisticada de negar que todos –incluso la mujer del César- deben responder ante la Justicia.
