Soluciones privadas a problemas públicos

Antonio Salazar

Vivimos tiempos propicios para el conflicto. Hasta hace relativamente poco tiempo, las divergencias se dirimían hablando y tratando de alcanzar buenos acuerdos y, de no ser posible, subóptimos. Siempre se podrá argüir que, todavía antes, la forma de resolver disputas era batiéndose en duelo, una forma poco amigable y definitiva de arreglar desencuentros.

En la sociedad actual, de expansión atolondrada de normas y leyes, ensanchando derechos sin ninguna responsabilidad, las cosas ya no se piden, se exigen, un campo abonado para la discordia. Es la razón por la que no resulta extraño observar enfrentamientos entre vecinos, políticos y empresarios a cuenta del descanso nocturno de unos y los deseos de fiesta al aire libre de otros. Sucede con quienes viven en Triana, en Las Palmas, pero hemos escuchado esa música con anterioridad en varios lugares de las Islas. A los damnificados, es decir, los propietarios de esas viviendas que sufren los inconvenientes sin obtener beneficio alguno a cambio, se les presenta como unas personas mayores, intransigentes y aburridas porque, a fin de cuentas, no son capaces de entender que esos actos insoportablemente ruidosos se producen una vez de cuando en cuando.

Se pasa por alto sus derechos, donde al descanso es uno de ellos pero no resulta el único. Su derecho de propiedad se afecta porque las externalidades negativas de la fiesta dañan el valor de sus propiedades.

Jueces y políticos toman la palabra -estos últimos después de consentir el desatino- cuando en realidad ambos deberían retirarse para conseguir una solución pacífica, pactada y que mejore la condición de los implicados. Los que disfrutan de esas fiestas deben mostrar con qué intensidad la desean y esto se hace a través de un precio a pagar por acudir. Los propietarios de los establecimientos, de querer seguir dañando a terceros, contribuir a compensar a los afectados mediante la gestión y recaudación de ese canon que serviría para negociar con los vecinos las condiciones en las que ellos pueden renunciar a disfrutar de sus hogares por un tiempo limitado, de manera individual y procurando atender las variadas condiciones que se planteen. Unos pueden desear irse de vacaciones, otros dinero en efectivo e incluso otros insonorizar las estancias más sensibles al ruido. Esta sería una situación de ganancia generalizada, donde todas las partes obtendrían aquello que desean.

Desgraciadamente, lo que resulta cada vez más usual es alcanzar una situación en la que nadie gana. Los políticos regulan, los jueces actúan y nadie obtiene lo que en puridad esperaba y/o merecía. Algo premeditado que afecta a la pacífica convivencia en la que todo el mundo terminará enfrentado mientras que unos terceros entran en escena con la pretendida solución. Los acuerdos privados deberían ser mucho más usuales en nuestro ordenamiento, nos evitarían quebraderos de cabeza.