Subasta de senadores

Francisco Pomares

La representación popular en Canarias puede acabar convertida en parte del precio a pagar por el PP a Vox para que la derecha alcance logre los tres quintos de los escaños en Senado. Según ha publicado The Objective, en el entorno de Santiago Abascal se maneja una propuesta por la que Vox renunciaría a presentar candidatos en la mayor parte de las circunscripciones del país -con altura de miras, tal como lo anunció Abascal-  a cambio de que los populares hagan lo mismo en dos territorios donde no logran una gran representación, como Cataluña y Canarias. Se presenta como una operación destinada a concentrar el voto de la derecha en una única candidatura, superar los 178 senadores y obtener una mayoría suficiente para elegir, sin necesidad de negociar con la izquierda, a los cuatro magistrados del Constitucional que propone la Cámara Alta.

Se trata de una propuesta, no de un acuerdo. Lo que se ha publicado describe lo que parece interesar a Vox, pero que el PP puede rechazar. Y es perfectamente posible que el PP canario considere que sus candidaturas y sus votantes merecen algo más de respeto que el ser consideradas piezas intercambiables de una negociación nacional. Manuel Domínguez tendrá que pronunciarse y decir lo que piensa de esta historia. Sus electores tienen derecho a conocer su opinión. Pero mientras lo hace, es injusto -por prematuro- atribuir al PP una decisión sobre Canarias que todavía no ha tomado. Aunque resulte razonable examinar lo que se propone. Las negociaciones electorales pueden ser cuestionadas -como todo- antes de materializarse, no sólo tras su firma, cuando solo cabe aplaudirlas o lamentarlas.

El reparto propuesto tiene cierta lógica desde la perspectiva de Vox: despeja el camino al PP donde es más fuerte, a cambio de que Vox reciba a cambio territorios donde los populares tienen una representación muy limitada. En Canarias, los senadores de elección directa del PP proceden de Tenerife y Gran Canaria. En las restantes circunscripciones insulares el PP no logró escaño. Eso reduce el coste contable de la retirada, pero en absoluto amortigua su significado político. Canarias no elige senadores en dos circunscripciones provinciales, cada isla es una circunscripción: Tenerife y Gran Canaria eligen tres representantes cada una, y las otras cinco islas, uno. Son siete elecciones distintas, donde no sólo concurren fuerzas nacionales. La previsión de que Vox de que lograrían nueve senadores en Canarias, incluso contando al que elige el Parlamento, es un cálculo electoral ridículamente desenfocado.

Los votantes no forman parte del inventario de los partidos. El PP puede retirar candidatos y recomendar una papeleta, pero no entregar los sufragios de quienes lo apoyan. Los escaños no son propiedad de nadie hasta que se ganan. El PP puede retirar candidatos y pedir el voto para Vox; pero después deciden los electores. La suma de los votos de ambos partidos tampoco se traslada automáticamente a una candidatura. Habrá electores populares dispuestos a votar a Vox y otros que prefieran hacerlo a una candidatura diferente o quedarse en casa. La aritmética de los despachos precisa que los ciudadanos obedezcan. Y no siempre ocurre así. A veces las sumas restan.

Pero la cuestión crítica es el coste político que para el PP canario, tendría la imposición de pedir el voto para Vox. Habría que explicar esa decisión los votantes, y probablemente también a su socio de Gobierno, en las islas, Coalición Canaria, con quien en menos de un año el PP habrá que revalidar un acuerdo de gobernanza difícilmente asumible por los nacionalistas con un partido que entrega su representación en las islas a un partido que cuestiona el modelo autonómico.

Es cierto que las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE han aceptado renunciar a competir con candidaturas propias al Senado, para favorecer al PSOE. Pero hay una diferencia sutil: es una decisión de carácter nacional, que afecta a todo el territorio donde se presenta el Frente Amplio, y que no implica renunciar a ninguna representación, porque esa representación no existe. Lo que se ceden son votos completamente inútiles, para que sean útiles en la posible conformación de una opción de izquierdas. Frente Amplio subordina su autonomía electoral al objetivo de impedir la victoria de la derecha. Pueden justificar esa decisión, que en la práctica no les supone perder ni un solo senador que no tienen, por eficacia, para cerrar el paso a sus adversarios. Son razones atendibles.

Lo que aparece detrás de ambas operaciones es una consecuencia de la política que llevamos años cultivando: la progresiva reducción del país a dos bloques que se consideran mutuamente insoportables. Cada elección se presenta como una emergencia definitiva. Y el Senado proporciona un escenario especialmente revelador. La Cámara creada para representar a los territorios, se ha convertido en clave para que Conde-Pumpido deje de controlar el Constitucional.

Los acuerdos electorales son legítimos, pero también preguntarse cuánto pluralismo estamos dispuestos a sacrificar. Después de tantos años intentando evitar la herencia de las dos Españas, nuestros partidos parecen decididos ahora a que no quede sitio para la otra.