Tapar agujeros

Francisco Pomares

El pleno del Tribunal de Cuentas con el fiscal Manuel Martín-Granizo y la presidenta, Enriqueta Chicano, en primer plano

Si en Europa se empieza a hablar del uso torticero de los fondos Next Generation, no es porque el Gobierno haya hecho algo especialmente original -la ingeniería contable existe desde que existen los gobiernos- sino porque empieza a resultar demasiado evidente que el Ejecutivo de Sánchez ha entrado en una fase de supervivencia, administrando el Estado con remiendos, prórrogas y soluciones improvisadas.

La última alarma la ha provocado la utilización de miles de millones de euros procedentes de fondos europeos para cubrir pagos vinculados a pensiones y clases pasivas. El Tribunal de Cuentas denunció el uso que ha hecho el Gobierno de los fondos entregados por la Comisión en su informe sobre la contabilidad del Estado, desviando 2.389 millones de ayudas europeas a pagar pensiones, algo que el reglamento europeo prohíbe y por lo que Bruselas ya ha preguntado al Gobierno. La explicación oficial sostiene que se trata de recursos sobrantes y perfectamente utilizables dentro del mecanismo europeo. Seguramente habrá juristas capaces de justificarlo técnicamente. Siempre los hay, si se les paga lo adecuado, pero el problema ya no es jurídico. El problema es que los fondos europeos extraordinarios nacieron para modernizar economías, impulsar la digitalización, financiar la transición energética y evitar que Europa saliera de la pandemia convertida en un museo de países endeudados y envejecidos. Lo que Bruselas no imaginó es que nuestro gobierno los usaría como parche para sostener gasto corriente ante su reiterada incapacidad  política para aprobar los presupuestos.

Ese es el verdadero escándalo: España lleva años funcionando con presupuestos prorrogados, como si gobernar un país consistiera simplemente en ir desplazando partidas de un cajón a otro mientras se improvisan decretos y se multiplica la propaganda. Lo excepcional se ha convertido hoy en pura rutina, la falsedad fiscal se ha institucionalizado.

En Bruselas preocupa especialmente que España haya comenzado a depender de mecanismos extraordinarios para sostener obligaciones estructurales. Las pensiones no son una emergencia temporal, son el principal gasto permanente del Estado. Si un país necesita acudir a fondos concebidos para la reconstrucción, para aliviar tensiones derivadas del pago de pensiones, lo que transmite es una imagen bastante chusca sobre la salud real de sus cuentas públicas. Más aún, cuando el Gobierno insiste en negar apasionadamente cualquier problema estructural.

Porque aquí todo va siempre muy bien: la economía española “lidera Europa”, las reformas son “históricas”, el empleo “bate récords” y el futuro es radiante. Lo único extraño es que, con semejante panorama, el Gobierno de Sánchez sea completamente incapaz de presentar sus presupuestos y necesite recurrir a malabarismos financieros para cuadrar sus obligaciones.

Europa percibe una contradicción cada vez más difícil de ocultar: España presume de fortaleza mientras funciona administrativamente como gobierno en minoría crónica, incapaz de garantizar estabilidad parlamentaria, aprobar cuentas públicas o desarrollar una estrategia fiscal coherente a medio plazo. Y eso ocurre en el peor momento posible. La Unión ha entrado en una etapa de grave tensión presupuestaria: se discute el futuro marco financiero europeo, aumentan las exigencias de gasto militar, crecen las presiones sobre deuda y déficit y muchos países empiezan a endurecer sus posiciones respecto al uso de recursos comunes. En ese contexto, cualquier sospecha de utilización “creativa” de fondos europeos genera mucho nerviosismo.

Especialmente en el Norte de Europa, donde jamás han terminado de confiar del todo en la disciplina presupuestaria del Sur. Alemania, Holanda o los países escandinavos aceptaron los Next Generation como excepción histórica, bajo la premisa de que servirían para transformar economías, no para financiar gasto estructural o -menos aún- sostener gobiernos atrapados por su minoría parlamentaria.

Este episodio tiene consecuencias políticas mucho más profundas de lo que parece. No estamos simplemente ante una polémica contable. Estamos ante otro síntoma del deterioro institucional español. Un deterioro lento, acumulativo y cada vez más visible desde fuera, que demuestra que el problema no es que el gobierno recurra ocasionalmente a soluciones extraordinarias, sino que sea incapaz de gobernar sin ellas.

España corre el riesgo de convertirse en un país donde todo es provisional: los presupuestos, las mayorías, las alianzas, las reformas y hasta la contabilidad pública. Un país administrado día a día, decreto a decreto, cesión a cesión, parche sobre parche. Y Europa empieza a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse un sistema así, antes de que los agujeros terminen siendo demasiado grandes incluso para que el dinero de Bruselas consiga taparlos.