Lunes, 27 Julio 2026
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Francisco Pomares

 

 

Cada verano asistimos al mismo ritual. Cambian los nombres –hoy Ávila, Madrid o Valencia; ayer Portugal, Grecia o California; mañana Australia de nuevo, o cualquier rincón del Mediterráneo-, pero las imágenes son las mismas: columnas de humo visibles a decenas de kilómetros, pueblos desalojados, carreteras cortadas, vecinos huyendo con lo imprescindible y miles de profesionales y voluntarios luchando contra un fuego que tiene vida propia. Lo extraordinario ya no es que los veranos sean un tiempo de fuego, lo extraordinario sería que por fin dejara de ocurrir.

A pesar de la acobardada naturalidad con la que se asume lo inevitable, seguimos reaccionando ante cada feria del fuego como si los incendios fueran una anomalía, como si nos bastara señalar con el dedo al gobierno de turno –al que menos nos guste- para explicar la imposibilidad de atajar la destrucción. Se trata de una simplificación recurrente –la culpa es de los otros- quizá rentable a efectos de cambiar algo el relato de nuestra corrupción de cada día. Hace al menos un cuarto de siglo que padecemos incendios cada vez más violentos, más rápidos y más difíciles de extinguir. Cambian los gobiernos, cambian las mayorías y las administraciones, pero el fuego se agudiza y agrava.

Las razones son bastante más complejas que el mal gobierno, al que resulta tan consolador y fácil culpar de todo.  Durante siglos, existió una enorme franja de transición entre los pueblos y el monte: cultivos, pastos, bancales, huertas, pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que mantenían limpio el territorio y actuaban como cortafuegos naturales. Ese paisaje tradicional desapareció. La agricultura retrocede y abandona el minifundio y la pequeña explotación, la nación se vacía en los campos, y el sotobosque recupera lo que durante generaciones fue terreno cultivado. Donde antes había personas trabajando, hoy se acumulan toneladas de vegetal seco esperando una chispa. Las casas rurales han cedido su sitio a extrarradios ciudadanos que rozan los terrenos baldíos de los que no se ocupa nadie. Y a esa transformación del territorio, cada vez más descuidado, convertido en un chisquero, se añade un clima más extremo. Las olas de calor y los tiempos de sequía duran más, las temperaturas escalan por encima de lo insoportable apenas hace unas décadas, y la acumulación de hierbas secas y leña a destajo convierte cualquier incendio en un fenómeno explosivo. El cambio climático no explica por sí solo los fuegos, pero actúa como un multiplicador formidable de su peligrosidad. Y aún hay un tercer elemento del que hablar implica herir susceptibilidades. Las políticas ambientales confunden protección del monte con su abandono. No se trata de mantener prácticas indiscriminadas de extracción de residuo vegetal, sino de aceptar que el monte necesita gestión. La retirada de biomasa, la limpieza, el aprovechamiento de la madera, el pastoreo o la recuperación de los viejos usos no son enemigos de la conservación. Muy al contrario: son la diferencia entre un incendio controlable y otro capaz de devorar miles de hectáreas en pocas horas.

Frente a una realidad tan compleja, la política española ofrece el único espectáculo que interpreta: antes de extenderse los frentes ya da comienzo el cruce de insultos y acusaciones, las exigencias de dimisión y la búsqueda del mamarracho/a culpable. Son incapaces de contener el exabrupto ni siquiera cuando miles de personas evacuan sus casas a la fuerza. El fuego aún no se ha extendido y ya arde la discusión inútil y bastarda de siempre, aunque el fuego no distingue unos de otros.

Frente al desastre de la crispación y el ruido, merece ser reconocida otra realidad inestridente y ejemplar: ha mejorado, de forma espectacular, la capacidad de reacción y respuesta. La coordinación entre administraciones, la actuación conjunta de la UME, los bomberos forestales, las Brigadas de Refuerzo contra Incendios, la Guardia Civil, las policías autonómicas y locales, Protección Civil, los servicios sanitarios y los medios aéreos, integran hoy un dispositivo mucho más eficaz que el de hace treinta años, que salva vidas, salva propiedades y frena el fuego. Incendios mucho más agresivos, más veloces y más destructivos, en zonas con más población dispersa, se saldan con un número de víctimas mortales inferior al que cabría esperar. Y no es un milagro. Es el fruto del esfuerzo callado de miles de hombres y mujeres que -lejos de las cámaras-, se la juegan para evacuar poblaciones enteras, proteger vidas y evitar que cada verano concluya en una tragedia mayor. Sin duda, hay que seguir mejorando la prevención, gestionar mejor nuestros montes y adaptar el territorio a un clima feroz. Hay que gastar más en prevención y discutir menos. Es el momento de comprender que la catástrofe no es solo el fuego, sino la incapacidad de afrontar con serenidad lo que ya no es excepcional, sino estructural. Mientras unos siguen empeñados en convertir cada columna de humo en combustible electoral, los de siempre siguen jugándose la vida para que las llamas no alcancen nuestras casas.

Ojalá el ruido inútil deje, por unas horas al menos, espacio al reconocimiento de quienes, verano tras verano, logran que el desastre no sea aún peor.


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