Trabajar cada vez menos

Francisco Pomares

Canarias es ya la segunda comunidad autónoma con mayor absentismo laboral de España, solo por detrás de Murcia. En el último trimestre, el 8,5 por ciento de los trabajadores no acudió a su puesto de trabajo, una cifra muy superior a la media nacional, situada en el 6,6 por ciento. Traducido a lo cotidiano: cada día miles de trabajadores no producen, no atienden, no sirven, no generan valor, mientras la vida sigue. Y no se trata solo de bajas médicas inevitables. Según los datos, más de uno de cada cinco trabajadores que no acuden a su puerto de trabajo carece de baja. El sistema asume una pérdida estructural y creciente de horas trabajadas sin saber muy bien cómo podría corregirse. Ese fenómeno tiene consecuencias económicas directas, especialmente en una región como la nuestra, donde la industria es marginal y el peso de la economía recae casi por completo en el turismo, los servicios, y las pequeñas y medianas empresas. Aquí no hay grandes fábricas que puedan absorber con más facilidad la ausencia de personal: cada trabajador cuenta, cada turno importa, cada ausencia se nota.

El reconocimiento del peligro de un absentismo desbordado no supone una cruzada contra los trabajadores, ni debiera responder a una cuestión moral. Es un problema económico, que afecta de forma muy especial al empleo público. Además, en una sociedad en la que no se puede hablar casi de nada sin que alguien se sienta ofendido, es casi un tabú plantear que una pequeña parte de las bajas laborales se tramitan y renuevan con cierta laxitud. Pero cuando se trabajan menos horas de las pactadas, la productividad cae, los costes aumentan y las empresas tienen menos margen para poder invertir, mejorar salarios o bajar precios. Al final, alguien paga la factura: en primera instancia el empresario, el consumidor o ambos, y en segunda los trabajadores.

Porque la gran contradicción del sistema es que mientras la economía pierde horas de trabajo y eficiencia, el coste del empleo no para de subir. No solo por los salarios -que en muchos sectores siguen siendo miserables-, sino por el peso creciente de cotizaciones, recargos y otras cargas asociadas al empleo. El último ejemplo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –un impuesto para intentar hacer frente al coste disparado del sistema de pensiones-, que vuelve a incrementarse en 2026 y que recae mayoritariamente sobre las empresas.

La lógica oficial es que hacen falta más recursos. Pero la pregunta que nadie se hace es: ¿y de dónde saldrán esos recursos si cada vez se trabaja menos y producir resulta más costoso? Subir el coste del empleo en una economía que ya tiene problemas de productividad es como querer llenar un depósito pinchado metiendo en él más gasolina. Al final, el balance será siempre un incremento del gasto.

En Canarias, esa tensión es especialmente visible. El tejido empresarial es frágil, atomizado y muy dependiente del funcionamiento diario de la plantilla. Un hotel, un restaurante, una empresa de servicios o un contratista no pueden permitirse una tasa de absentismo elevada sin resentirse. O se cubren las ausencias -encareciendo aún más los costes- o se baja la calidad del servicio. Y a veces, ocurren ambas cosas.

Los informes advierten que los dos sectores con mayor absentismo son la industria y los servicios. En las islas la industria apenas tiene peso, y el problema se concentra precisamente donde más dependemos del trabajo presencial y continuado: servicios, turismo, atención al público, actividades auxiliares. Justo en el corazón de nuestra economía, el absentismo no para de crecer, pero el debate político prefiere seguir en una realidad paralela: se plantea aumentar cotizaciones, reforzar ingresos públicos, sostener el sistema de pensiones con mayor aportación empresarial, pero casi nadie habla de cómo funciona realmente el mercado, de por qué se pierden tantas horas de trabajo, y por qué cuesta cada vez más producir lo mismo o menos. El resultado es un círculo vicioso: a mayor absentismo, menor productividad y reducción del beneficio empresarial. Pero la respuesta oficial no cambia: se aprieta cada vez más a las empresas, confiando en que aguanten. Hasta que no aguanten.

Y ese modelo no solo tensiona a las empresas, termina afectando a toda la economía: precios más altos, caída de la competitividad, menos inversión, menos capacidad para diversificar el modelo productivo. Justo lo contrario de lo que Canarias necesita para dejar de depender tanto del turismo y avanzar hacia una economía más sólida.

No se trata de negar derechos, sino de reaccionar ante una realidad absurda. No podemos permitirnos trabajar menos y pagar cada vez más por trabajar. No es sostenible. Ni para las empresas, ni para el empleo ni para la economía en su conjunto. El riesgo no que falten recursos hoy, pero estemos debilitando la economía que debe generarlos mañana. Un mañana que –en Canarias- está cada vez más cerca.