Trilerismo con el déficit
Francisco Pomares
Las malas lenguas hablan de una tesis doctoral que podría haber firmado un negro, como su ‘Manual de resistencia’. Pero nadie puede negar que Pedro Sánchez se ha doctorado con matrícula de honor en una disciplina de muchos quilates: el trilerismo presupuestario. No hablamos ya de creatividad fiscal, ni de oportunismo político; hablamos de mover los vasos con una destreza tal que cuando uno levanta el cubilete -superávit, remanentes, fondos extraordinarios- descubre que la bolita siempre está en la mesa del otro. Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que favorece la actividad inversora de entidades locales y comunidades autónomas, y que, de paso, intenta apaciguar la crispada relación sentimental de Sánchez con Junts. Pero el truco, como siempre en el juego de los vasos y la bolita, está en lo que ocurre y no se ve. Por no ver más allá de sus narices, al Gobierno regional le han vuelto a meter la agenda canaria por el retambufo. Sin necesidad de hacer un cucurucho con ella. Al Gobierno Clavijo le han dejado las partes bajas como una alcancía (vacía).
La consejera Matilde Asián, ha resumido la experiencia con la palabra “perplejidad”. Asián es una señora muy educada, porque lo propio, visto el modus operandi, sería hablar de “indignación”. Lo que ha hecho Sánchez esta vez con Canarias tiene más de argucia trilera que de ingeniería económica: primero, se obliga al Gobierno regional a destinar cien millones de su propio superávit para la reconstrucción de La Palma -fondos que según el acuerdo de investidura debían haberse transferido el pasado mes de enero-; y después se aprueba un real decreto para que las autonomías puedan usar el total de su superávit en inversiones sostenibles. Todas, excepto Canarias, que ya ha puesto de su bolsillo lo que debía aportar el Estado, y solo podrá gastar en inversiones sostenibles 44 millones, un raquítico 30 por ciento, porque el resto del superavit, el resto, 70 por ciento, se va la recuperación de La Palma.
Cuando se aprobó el “decreto palmero”, hace diez días, el Gobierno regional lo aceptó como mal menor. Pero si después de aceptar un mal menor, a uno le engañan y abofetean, lo de menos es la cara de tonto del bote que se te pone. Es difícil evitar la sensación de que Moncloa se ha reído dos veces de nosotros. Para atender las necesidades y urgencias de los palmeros, Canarias paga lo que el Estado incumple, y después paga también el precio político del engaño del siglo: un apaño para mantener esta legislatura moribunda y tener contento a Puigdemont.
Lo más perverso no es solo la desigualdad objetiva: el resto de las regiones pueden usar íntegramente su superávit para lo que les salga del occipucio, mientras Canarias solo dispone de un 30 por ciento, porque el resto lo ha comprometido con el Estado, sino la hipocresía histórica del caso. Porque no estamos ante una ocurrencia desesperada, lo que ahora se nos presenta como un triunfo improvisado de la razón fue antes la primera reivindicación canaria, articulada desde el inicio de la legislatura. Fue Matilde Asián quien, en enero de 2024, reunió a los grupos parlamentarios para plantear la modificación del artículo 12 de la ley de estabilidad presupuestaria y flexibilizar el uso del superávit para las comunidades saneadas, sin castigos coercitivos ni corsés absurdos. Era la “solución canaria” que empresarios y sindicatos avalaron por unanimidad, y que habría permitido invertir en educación, sanidad y políticas sociales.
El Gobierno de Sánchez se la vuelve a jugar a las islas. Otra vez, y esta es de órdago. Las promesas de la agenda han quedado -usando la expresión de la propia consejera- “en agua de borrajas”. Por arte de magia, la propuesta reaparece travestida en decreto para salvar una legislatura moribunda y echar algo de comer a las minorías que sostienen a Sánchez. ¿Quién reivindicó permitir el uso del superavit? Canarias. ¿A quién se niega poder hacerlo? Solo a Canarias. ¿Quién paga esta ronda? Canarias. ¿Quién se beneficia? Todos, menos Canarias.
Canarias lleva dos años reclamando usar su superávit para inversiones, y lo hizo con argumentos, consenso político y respaldo social. Ahora el Estado nos lo concede, pero a nosotros –los primeros en plantearlo- nos lo da amputado, adulterado, y con un coste que no se atrevería a imponer a ninguna otra región. El mensaje es claro: se premia no al que hace política responsable, sino al que no la hace. La “solución canaria” se ha convertido en “agravio a Canarias”.
Hay quien argumentará que la reconstrucción de La Palma justifica cualquier esfuerzo. Sin duda, pero se va a reconstruir con los impuestos de los canarios, no con dinero del Estado, como se pactó. No hay justicia distributiva que explique por qué a Canarias se la castiga en un decreto que presume de “igualdad entre territorios”.
La economía se mide en cifras, pero la política son gestos. Y en este caso el gesto hacia Canarias es obsceno: el Estado incumple, estafa al Gobierno regional y nos obliga a todos los canarios a pagar la reconstrucción de La Palma que Sánchez se comprometió a asumir si Coalición apoyaba su investidura. No se puede ser más sinvergüenza. Si esto no es trilerismo, que alguien me explique qué diablos es.
