Un acierto del PGO lagunero
Francisco Pomares
La modificación del Plan General de Ordenación que impulsa el Ayuntamiento de La Laguna aborda de manera estructural –y por primera vez en mucho tiempo- uno de los factores de tensión en la ciudad: el impacto de la población universitaria sobre el mercado del alquiler.
Durante años, la situación ha sido tan evidente como persistente. La Universidad atrae cada curso a miles de estudiantes, muchos de ellos procedentes de otras islas -o de fuera del Archipiélago-, que necesitan alojamiento durante largos periodos. Sin embargo, la ciudad no ha desarrollado una red suficiente de residencias universitarias capaz de absorber esa demanda. El resultado ha sido una transferencia masiva de esa necesidad hacia el mercado de alquiler residencial, que ha terminado funcionando, en la práctica, como sustituto de una oferta inexistente.
Esa anomalía ha tenido consecuencias negativas. La primera, una presión creciente sobre los precios del alquiler, que ha dificultado el acceso a la vivienda para residentes permanentes. La segunda, una transformación del uso de muchas viviendas, orientadas cada vez más al alquiler compartido de corta o media estancia. Y la tercera, no menos importante, una tensión social larvada en determinados barrios, donde la convivencia entre residentes y población flotante se ha vuelto más compleja. Frente a este escenario, la respuesta institucional ha sido casi siempre insuficiente o mal enfocada. Se ha debatido sobre limitar usos, sobre regular precios o sobre restringir determinadas modalidades de alquiler. Pero en las últimas décadas jamás se ha intervenido sobre el origen del problema: la ausencia de una oferta específica de alojamiento para estudiantes acorde con la dimensión real de la universidad.
Por eso, la relevancia de la modificación del PGO que ahora se plantea no radica únicamente en su alcance urbanístico, sino en su orientación. Habilitando suelo para la construcción de nuevas residencias universitarias -especialmente en ámbitos como Anchieta y Guajara- se introduce un mecanismo directo para redistribuir la demanda de vivienda. Porque no se trata de desplazar el problema, sino de reordenarlo.
Cada nueva plaza de residencia que se construya tiene un efecto potencial inmediato: reducir la presión sobre el parque de viviendas en alquiler. No es una solución mágica ni instantánea, pero sí una intervención estructural que actúa sobre la raíz del desequilibrio, en una ciudad donde el peso de la población estudiantil sin vivienda familiar es enorme. Frente a medidas coyunturales o regulatorias, que tienden a generar efectos secundarios o a desplazar la tensión a otros segmentos del mercado, el aumento de la oferta específica permite absorber una parte significativa de la demanda en condiciones más adecuadas.
Esa estrategia tiene una virtud adicional: no enfrenta a estudiantes y residentes, sino que reconoce sus necesidades diferenciadas. Una ciudad universitaria no puede pretender que su población estudiantil se integre exclusivamente a través del mercado residencial ordinario. Eso no solo es ineficiente, sino que genera distorsiones que terminan afectando a todos. Dotar de residencias suficientes es, en ese sentido, una forma de ordenar la convivencia, no de limitarla.
Conviene recordar que no estamos ante una realidad nueva. La Laguna lleva décadas consolidada como ciudad universitaria, pero el planeamiento urbano no siempre ha acompañado esa evolución. La falta de previsión en este ámbito ha generado una dependencia excesiva del mercado de alquiler, con efectos que hoy resultan difíciles de corregir a corto plazo. Precisamente por eso, el hecho de que ahora se plantee una modificación del PGO con este enfoque tiene un valor añadido: introduce planificación allí donde antes sólo hubo inercia. Y no es menor, tampoco, el contexto en el que se produce esta decisión. La crisis de acceso a la vivienda no es un fenómeno exclusivo de La Laguna ni de Canarias, pero en ciudades con una fuerte presencia universitaria adquiere características específicas: ignorar el peso de la demanda estudiantil es, simplemente, ignorar una parte sustancial del problema. Incorporarlo al planeamiento, en cambio, es empezar a resolver el desequilibrio.
Por supuesto, lo que vaya a suceder dependerá de la ejecución. La experiencia demuestra que entre la aprobación de una modificación urbanística y su materialización efectiva pueden transcurrir muchos años. La previsión de que el proceso se prolongue hasta 2027 obliga a mantener cierta cautela. Pero eso no resta valor a la decisión de fondo: reconocer el problema y también que requiere una respuesta estructural.
Para que la iniciativa funcione será clave el modelo de ejecución que se adopte. No se trata solo de construir más, sino de hacerlo rápido y bien: residencias realizadas con construcción modular, integradas en el entorno, accesibles, con estándares adecuados y vinculadas a una planificación coherente en movilidad y servicios. Si ese equilibrio se alcanza, el impacto positivo puede ser notable. En un momento en el que el debate sobre la crisis de la vivienda tiende a simplificarse en exceso, parece justo reconocer el valor de soluciones que renuncian a la grandilocuencia, pero atacan el problema en su origen.
