Un anticipo
Francisco Pomares
La sospecha entra como elefante por cacharrería en el patio de la política canaria. Lo hizo de la mano de Vidina Espino y José Alberto Díaz-Estébanez, que pusieron voz a una pregunta instalada desde hace días en el ambiente: ¿cómo demonios sostiene el ministro Torres su versión sobre su relación con la trama Koldo? Espino recordó ayer, con una contundencia difícil de esquivar, que Antonio Olivera –mano derecha de Torres durante la pandemia– negó en tres ocasiones haber tenido contacto alguno con Koldo. Negó lo evidente, lo documentado, lo que recogen los informes de la UCO sobre las compras en Canarias: entre Olivera y Koldo hubo una comunicación “continua y permanente”, durante esos meses en que Canarias se convirtió en el mercado más rentable para la trama corrupta. Espino repasó todas y cada una de las ocasiones en las que Olivera y Torres mintieron con desparpajo a Sus Señorías, presentando las respuestas de ambos a sus preguntas en la Comisión de Investigación, y lo que revela ese informe de la UCO que tanto le gustó a Torres, y con el que ahora se pasea por redacciones y conciliábulos, aferrado a él como si fuera una mortaja. Es el suyo a estas alturas un esfuerzo de negación digno de premio literario.
No debió a Torres y Olivera gustarles mucho la advertencia de Díaz-Estébanez: mentir en sede parlamentaria no es gratis. Seis meses a un año de prisión, dice el Código Penal. O multa de 12 a 24 meses. Y lo que apunta Coalición no es un matiz, ni un olvido, ni un cambio de opinión. Es la certeza de que –si las grabaciones que reproduce la UCO en su informe no son falsas- tanto Torres como Olivera mintieron en su testimonio ante la comisión parlamentaria. ¿Por qué lo hicieron? Torres tendrá que explicarlo, porque la sombra de esas mentiras reiteradas empieza a tener un tamaño difícil de disimular.
La defensa socialista ante la obviedad de la mentira ha sido, por decirlo con benevolencia, torpe. Nira Fierro aseguró que “a la gente en la calle no le importa el informe de la UCO”. Reconozco que esperaba mayor esfuerzo argumental de la diputada. Pero el nuevo manual del PSOE para explicar compras fraudulentas en pandemia, recomienda minimizarlo todo: si no te conviene, simplemente decreta que no importa. La ciudadanía es imbécil, no suele tener criterio propio, y los informes de la Guardia Civil son sólo literatura mal escrita.
Torres, por su parte, respondió con displicencia: “que hagan lo que quieran”, dijo del PP, cuando fue preguntado por la intención popular de arrastrarlo de nuevo ante la Comisión. Es la repuesta de alguien que cree que la tormenta ya ha pasado, cuando lo cierto es que la tormenta apenas está comenzando: mientras Coalición y el PP pedían a Torres que dé la cara, de Madrid llegaba la noticia que faltaba para completar el cuadro: la Audiencia Nacional ha ordenado entregar a Aldama una copia completa del contenido de sus iPhone, apenas tres días antes de que declare ante el juez. Un perito contratado por el corruptor trabaja ya para aportar nueva información contra Torres este próximo jueves. En su declaración de noviembre de 2024, Aldama deslizó una acusación demoledora: dijo que el ahora ministro le pidió a través de Koldo una mordida de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas. Y que él se negó a pagarla. Desde que Aldama contó eso, el asunto ha ido creciendo hasta convertirse en una línea de investigación nada anecdótica.
La UCO ha entregado un nuevo informe que salpica a Torres y lo enfanga en contradicciones. No lo imputa, pero demuestra claramente su implicación y la de Olivera en la compra y el pago, algo que él negó primero y ahora minimiza. El ministro insiste en que todo es un montaje del comisionista. Sin embargo, que el juez le ponga en la mano a Aldama el disco duro con lo que grabó en sus teléfonos, y que este tenga la oportunidad –lleva pidiéndolo meses- de respaldar sus acusaciones con pruebas, coloca a Torres en una posición bastante difícil, precisamente antes de volver a examinarse otra vez bajo juramento.
Canarias fue la región donde más dinero se movió, el escenario preferido por la trama para hacer negocio. Y lo fue, según Coalición, porque Torres actuó como “intermediario activo” entre empresas, facilitando contactos y trámites a través de Olivera. Hoy, ambos son señalados por sus contradicciones, sus silencios y sus negativas. Si algo ha quedado claro con esta nueva fase del caso es que la estrategia defensiva del ministro -decir “no me consta”, señalar a los funcionarios y mirar para otro lado-, ya no es sostenible. El ‘caso Koldo’ se está convirtiendo en una grieta peligrosa para Torres: no solo por lo que apunta judicialmente, sino por lo que revela sobre la cultura política de estos últimos años. Para Torres, este jueves puede ser determinante. Aldama hablará con sus móviles en la mano. La rueda de prensa de Espino y Díaz-Estébanez ha sido sólo un anticipo.
