Un apunte al pie
Francisco Pomares
En julio de 1852, cuando Bravo Murillo firmó el decreto de Puertos Francos para Canarias, no lo hizo como un gesto de generosidad, sino por pura lógica económica: un territorio fragmentado, alejado del territorio peninsular y con un mercado muy pequeño, no podía soportar la misma carga fiscal que el resto del país sin condenarse a la asfixia. La ley de Puertos Francos incorporaba un conjunto de medidas económicas, algunas relacionadas con las exenciones establecidas ya en tiempo de los Reyes Católicos, y que suponían liberalizar la entrada y salida de mercancías en Canarias. Los Puertos Francos significaron un notable crecimiento de la economía isleña, favoreciendo la entrada de bienes y productos exentos de arancel, y favoreciendo la exportación del plátano y el tomate y su comercio en el continente, hasta la implantación del REF. Las exenciones fiscales canarias están legitimadas por cinco siglos de historia, y reguladas por una sucesión de leyes que han dado forma a las complejidades de una fiscalidad necesaria para que Canarias pueda mantenerse y existir. Sin embargo, cada vez que se produce una crisis, hay que volver a explicarlo todo como si fuera la primera vez.
La última explicación nos la exige el Gobierno Sánchez, con su flamante paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. La estrella de esas medidas, en el decreto que propone el Gobierno. es la rebaja del IVA de los combustibles del 21 al 10 por ciento. Una medida perfecta: clara, directa, vendible. El problema es que en Canarias esa medida no significa absolutamente nada. Porque en Canarias no penemos IVA.
Conviene recordarlo, no vaya a ser que también en Madrid se les haya olvidado. Las Islas cuentan con un sistema fiscal propio, reconocido en el Estatuto de Autonomía y desarrollado en el REF, que sustituye el IVA por el IGIC. Un impuesto indirecto con tipos generales tres veces más bajos, diseñado precisamente para compensar las desventajas estructurales del Archipiélago: la lejanía, la insularidad, la dependencia del transporte y un tejido empresarial frágil. No se trata de un privilegio, pero no hay forma de que lo entiendan.
Sin ese diferencial fiscal, la economía canaria sería sencillamente inviable: menos competitiva, más frágil, más dependiente aún del monocultivo turístico y las ayudas. Por eso el sistema existe. Y por eso debería tenerse en cuenta cada vez que el Estado decide intervenir en los precios o en la fiscalidad indirecta. Pero no ocurre así.
Moncloa aprueba una rebaja del IVA del 21 al 10 por ciento y la presenta como un escudo frente a la crisis energética. En la Península lo es. Aquí, no, porque no hay 21 por ciento que rebajar ni 10 por ciento al que llegar. La medida no se aplica, desaparece mientras los precios en Canarias suben igual. O más. Lo paradójico es que Canarias vive, en términos generales, por debajo del escenario fiscal que ahora se presenta como solución excepcional. En electricidad, el IGIC se aplica en tipos muy reducidos, incluso tipo cero. En alimentación, muchos productos básicos ya están exentos o gravados por debajo de los niveles peninsulares. Canarias ya tenía el “descuento” antes de que el Gobierno lo anunciara, aunque eso no ha evitado la subida de los precios. Porque el problema es el IVA, sino la dependencia energética, el sobrecoste del transporte, la escala del mercado, la vulnerabilidad estructural de un territorio insular. Es decir, exactamente aquello que dio pie en su día a los Puertos Francos y que hoy sigue amparando el REF: nuestra fragilidad estructural.
Lo que encarece la vida en las Islas no es solo la fiscalidad, sino todo lo que ocurre antes de que el producto llegue a la estantería o al surtidor. El barco, el combustible, la logística, la escala. Todo eso sigue ahí, intacto, ajeno al titular que ofrece Moncloa al país y que nos propone reducir el IVA más de la mitad. Y es ahí donde las medidas hacen agua, porque están pensadas para un país uniforme que no existe. Funciona en el centro del tablero, pero se desdibuja cuando llega a los márgenes. Y Canarias, para Moncloa, siempre queda al margen.
No voy a negar la utilidad de la medida en el conjunto del Estado. Se trata de señalar su insuficiencia aquí: si el impuesto no existe en Canarias, la rebaja fiscal no nos sirve. Es una obviedad que, sin embargo, parece escaparse cada vez que se redacta un decreto en Moncloa.
Luego vienen los matices. Las adaptaciones. El llamado “modo canario”. Las reuniones para “aterrizar” las medidas. Pero siempre después, siempre como corrección, nunca como punto de partida. Como si Canarias fuera una excepción incómoda que hay que gestionar sobre la marcha, en lugar de una realidad que debería estar integrada desde el inicio. Y eso tiene una única explicación: Canarias pesa muy poco en la política nacional. Pesa poco en el Congreso, en la agenda política y en la construcción del relato nacional. No pesa lo bastante para condicionar el diseño de las medidas que si benefician a los demás españoles. Canarias sigue siendo hoy un apunte a pie de página, en la mayoría de las decisiones del Estado.
