Un país a prueba de dimisiones
Francisco Pomares
El sábado se filtró el borrador del informe de la Comisión de Investigación sobre las compras en Pandemia, en el que se dictamina que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y sus dos consejeros de Sanidad durante el Covid –Julio Pérez y Blas Trujillo- fueron responsables políticos de las pérdidas ocasionadas al erario público por las compras realizadas en pandemia. El PSOE no tiene la mayoría de la comisión, y por tanto, se trata de un dictamen contundente en lo político (pero de valor jurídico nulo, como lo son todos los de las comisiones de investigación). Que no tenga valor jurídico no significa que el dictamen sea irrelevante: fija un relato, traza una línea y dibuja un espejo en el que pueden mirarse los protagonistas. La cuestión es quién se mira.
En España, la responsabilidad política es ese unicornio rosa al que todos invocan en las intervenciones parlamentarias, pero nadie ha visto nunca. Aun así, no falta quien la mencione con gravedad de tertulia y mano en el pecho, pero la coreografía es conocida: negación inicial, ataque al mensajero, y -con suerte- un punto final administrativo que llega con el calendario, no con la vergüenza. Si la dimisión es la forma más elemental de asumir un fallo de gestión, aquí hemos convertido la excepción en norma: solo se dimite por escándalo mediático sostenido, por auto judicial o por fuego amigo. Aquí se dimite poco y se dimite mal.
El dictamen sobre las compras en pandemia es incómodo por eso: no persigue condenas penales ni inhabilitaciones, solo busca señalar responsabilidad política. Es decir, pretende afirmar la peregrina idea -tan anticuada e inútil en estos tiempos como una moneda de cinco duros- de que a quien manda se le debe exige algo más que ocurrencias y ruedas de prensa. Que debe realizar controles y hacerlos con método y criterio. La pandemia fue el reino del pánico, el momento en que se suspendieron resortes elementales y, amparados en la urgencia, se relajó la guardia. Con admitirlo quizá sería suficiente, pero es que ni eso: “los políticos obramos con eficacia probada” nos dicen, y “si pasó algo fue sin duda por culpa de los funcionarios”, y de ahí no se baja ni Dios.
El futuro dictamen definitivo de la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias no va a reescribir la historia, nada de esto moverá ficha. No habrá dimisiones, menos ahora que ya los que gobernaban sean colocado en otros sitios. Lo previsible es el silencio administrativo de los aludidos, la tesis reiterada de la “instrumentalización política” de la comisión por parte de los enemigos, y ese recurso tan nuestro a dejar morir los asuntos por agotamiento. Las comisiones no tumban Gobiernos; como mucho, los desnudan. Y cuando el desnudo no avergüenza al que se queda en cueros, pues todo queda en anécdota.
El contraste con los países de alrededor avergüenza. En culturas políticas donde la responsabilidad no es una metáfora, se dimite por fallos de gestión, por objetivos incumplidos o por haber inducido a error al Parlamento—sin necesidad de sumarios. Ahí están Lord Carrington tras las Malvinas, Estelle Morris por no alcanzar metas educativas, un gabinete completo en Países Bajos por el escándalo de ayudas infantiles, o Antonio Costa dejando Lisboa entre acusaciones que se demostraron falsas. Aquí, cuando se dimite, suele ser siempre por fuego amigo: Soria dimitió por una bola mal contada, la Cifuentes por el efecto combinado del desgaste de un máster y un vídeo inculpatorio, y Màxim Huerta, porque se lo exigió Sánchez a los seis días de haberlo nombrado. Sólo recuerdo dos políticos que dimitieran motu proprio. Felipe González cuando intentaron hacerle tragar aquellas ruedas de molino marxista, y Ruiz Gallardón, al no lograr que le votaran su reforma del Aborto. En medio siglo de democracia dos casos únicos de tíos que se retiran por no lograr su propósito. Rara vez por ese concepto frío y adulto de lo hice mal y me pillaron.
¿Significa eso que el dictamen de la Comisión es inútil? No exactamente. Sirve para dejar acta de lo que se hizo, de cómo se hizo y de quién mandaba cuando se hizo. Sirve para recordarnos que la urgencia no exime de control, que el no haber firmado un contrato no desactiva la cadena de mando, y que un presidente -cualquier presidente- no solo inaugura obras y presume de lo bien que va todo; también debe vigilar, corregir, rectificar y, si se equivoca, responder. Eso es la responsabilidad política. La utilidad del dictamen depende primero, de la oposición, si es capaz de convertirlo en algo más que pólvora electoral: la responsabilidad no se ejerce con tuits, sino forzando estándares que luego te obliguen a ti cuando gobiernes. Y segundo, depende de la sociedad, si premia o castiga la idea de que nadie responde de nada. Porque si la factura política no existe, todo queda a merced del juez y el periodista. Y ese es un país peor, más bronco, habituado al linchamiento.
¿Dimitirá alguien por lo de las mascarillas? Yo no apostaría la paga. Pero conviene nombrar lo que pasa, y no resignarse. La comisión ha hecho su parte: señalar. Ahora debería venir la nuestra: exigir y tener memoria.
¡Qué país más resistente el nuestro! Y qué poco ejemplar…
