Un país desconectado
Francisco Pomares
Anunciar primero… y pensar después. El Gobierno de la nación proclama una medida de impacto y gran alcance, construye un relato para explicarla, fija unas fechas… y ya, si eso, los informes y los procedimientos van llegando sobre la marcha.
La regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes es un ejemplo de manual. El Ejecutivo decidió que el proceso arrancaría el 1 de abril. Pero el 1 de abril ha llegado… y lo que no ha llegado es el inicio del proceso. Falta el dictamen del Consejo de Estado, pieza imprescindible para ponerlo en marcha. Un detalle menor, al parecer. El resultado es que más de medio millón de personas en España -unas 30.000 en Canarias- siguen exactamente donde estaban: esperando plazos, instrucciones y certezas. Es decir, justo lo contrario de lo que debería ofrecer una política migratoria que se precisa ordenada, garantista y ejemplar. Porque aquí no ha fallado un engranaje técnico, ni ha surgido un imprevisto sobrevenido. Lo que ha fallado es algo básico: se ha anunciado una medida para resolver un problema de gran calibre, sin tener cerrados los informes preceptivos. Eso no es un error administrativo, más bien parece una forma de gobernar.
Y hay más: mientras el Gobierno gestiona sus propios plazos con despreocupada alegría, en Europa empieza a crecer la incomodidad ante las decisiones de una Administración que ha decidido ir absolutamente por su cuenta. Porque la Unión acababa de aprobar un nuevo marco migratorio bastante restrictivo, el Pacto de Migración y Asilo, que precisamente pretendía evitar decisiones unilaterales con impacto en todo el territorio comunitario. España ha pasado de coordinar la decisión o siquiera informar a sus aliados europeos, y tiró para alante. Bruselas, una vez más, toma nota: el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha sido contundente: una regularización masiva en un país miembro no es una cuestión interna sin más. Tiene consecuencias. Entre ellas, el que las personas regularizadas puedan desplazarse a otros países con intención de trabajar. Brunner ha dejado meridianamente claro que -en ese caso- los migrantes que busquen trabajo fuera de las fronteras españolas serán automáticamente devueltas a España. Traducido: lo que debiera ser una política de integración que resuelva el problema de medio millón de inmigrantes en situación irregular, puede acabar convirtiéndose en un problema de gestión para el conjunto de los países comunitarios… que sus líderes y gobiernos no parecen dispuesto a asumir.
La ministra Saiz ha negado el efecto llamada continental, y recordado que los permisos de trabajo están vinculados exclusivamente a España. Es jurídicamente cierto, pero políticamente resulta confuso, o al menos insuficiente: el espacio Schengen no es una teoría, sino un hecho. Aprobar medidas migratorias de largo alcance como si Schengen no existiera es, sencillamente, cerrar los ojos ante los problemas que vienen.
El desencuentro entre España y el resto de Europa no surge de un episodio aislado. Forma parte de una tendencia amplia, definida por la progresiva desconexión de España respecto a sus socios en asuntos de importancia capital. Mientras Moncloa insiste en presentar a Pedro Sánchez como vanguardia moral planetaria frente a los delirios bélicos de Trump, cada vez resulta más difícil encontrar a alguien en Europa dispuesto a seguir el supuesto liderazgo de nuestro presidente.
Muy al contrario, lo que se percibe es un creciente escepticismo sobre la implicación de Sánchez y su gobierno con las políticas europeas, y, en algunos casos, una clara voluntad de marcar distancias.
El ejemplo más reciente del creciente alejamiento de Sánchez de las decisiones comunitarias, lo ofrece la iniciativa impulsada por el premier laborista Starmer, para coordinar a más de treinta países para buscar una solución a la reapertura del tráfico en el Estrecho de Ormuz. España no ha sido incitada. Ni está la convocatoria, ni estará en la mesa, ni se la espera en la foto. En un momento crítico para el comercio internacional y la seguridad energética, el país que presume en todos los telediarios oficiales de su influencia global, ha quedado, simplemente, al margen de las decisiones que han de adoptarse.
Durante décadas, España construyó su posición en Europa con la intención de formar parte del núcleo, de influir desde dentro, negociar, pactar, integrarse. Fue una política paciente, a veces poco vistosa, pero eficaz. Hoy ha sido sustituida por una versión más declarativa que real, en la que basta con proclamar liderazgo para creer que se ejerce. Pero Europa no funciona así, ni nunca lo ha hecho. Cuando un país empieza a tomar decisiones que afectan a otros sin contar con ellos, lo habitual es que los demás no le sigan y tomen distancia.
De seguir así acabaremos solos y a merced de un estilo de gobernar ambicioso en el discurso, descuidado en la gestión y desconectado de la realidad europea. Mal asunto.
