Un paso ¿humanitario?
Guillermo Uruñuela
La reciente aprobación de medidas para la regularización de inmigrantes en España ha sido presentada por el Gobierno como un avance humanitario, una respuesta solidaria a la realidad de miles de personas que viven y trabajan en la sombra. Sin embargo, una mirada más atenta revela que esta decisión, lejos de ser fruto de una convicción ética profunda, parece responder principalmente a un cálculo político oportuno.
No se puede negar que la regularización de personas inmigrantes es una necesidad real. Durante años, sectores clave como la agricultura, la hostelería o los cuidados han dependido de una mano de obra extranjera que sostiene la economía en condiciones precarias. Reconocer esta realidad es positivo y necesario. El problema surge cuando el Gobierno decide actuar solo cuando le resulta conveniente, tras largos periodos de inacción, promesas incumplidas y discursos ambiguos.
Si la motivación fuera verdaderamente humanitaria, las políticas migratorias habrían sido coherentes y constantes en el tiempo. Sin embargo, lo que se observa es una estrategia intermitente: se endurecen los controles fronterizos mientras se criminaliza la inmigración irregular, y más tarde se aprueban regularizaciones masivas que se venden como gestos de solidaridad. Esta contradicción resta credibilidad al relato oficial.
Además, el contexto político no puede ignorarse. La medida llega en un momento de desgaste del Ejecutivo, con tensiones sociales, presión electoral y necesidad de recuperar apoyos. Regularizar a miles de personas no solo tiene un impacto social, sino también electoral y económico. Supone ampliar la base de cotizantes, aliviar déficits laborales y proyectar una imagen progresista ante determinados sectores del electorado. Todo ello es legítimo en política, pero cuestionable cuando se disfraza de altruismo.
Resulta llamativo que estas decisiones no vayan acompañadas de una reforma estructural del sistema migratorio. Sin cambios profundos en los procesos de acogida, integración y acceso a derechos, la regularización corre el riesgo de ser un parche temporal. Se soluciona el problema inmediato, pero se pospone el debate de fondo: qué modelo migratorio quiere España y cómo garantizar que sea justo, eficaz y sostenible.
La inmigración no debería ser utilizada como moneda de cambio ni como herramienta de marketing político. Detrás de cada expediente hay personas, historias y proyectos de vida que merecen algo más que decisiones tomadas al ritmo de las encuestas. Reconocer derechos no debería depender del momento político, sino de principios claros y sostenidos.
Regularizar inmigrantes es un paso necesario y positivo, pero solo será verdaderamente valioso cuando deje de ser una maniobra coyuntural y se convierta en parte de una política migratoria honesta, coherente y centrada en la dignidad humana, no en la conveniencia política.
