Un uso torticero de la información tributaria
Antonio Salazar
Mientras casi todo el mundo concernido corrió a ponerse de un lado u otro en la pelea Casado contra Díaz Ayuso, nadie pareció reparar en un asunto muy preocupante. El uso de información restringida que termina siendo de dominio público que sirvió para una acusación de parte. Datos fiscales parecían adverar una denuncia por más que solo soportaba el uso político de la misma. No es la primera vez. En 2015 se filtró, a falta de unos días para la celebración de elecciones, la declaración de la renta de Esperanza Aguirre. Idéntica suerte corrió Juan Carlos Monedero, dirigente de Podemos y tampoco pareció escandalizar a nadie pese a que debería ser considerado un asalto a la privacidad absolutamente inaceptable. Adam Smith era reacio a determinados impuestos porque entendía que era facilitar una información muy sensible a los recaudadores pero, a fin de cuentas, el viejo escocés era tan solo un profesor de Filosofía moral.
Recordemos, es importante, que el mismísimo Cristóbal Montoro en tiempos de Rajoy tenía por costumbre comparecer con cara de chico espabilado y desde la tribuna del Congreso hacer ver como que sabía más de lo que legalmente estaba autorizado por muy ministro de la cosa que fuera. Un poco al estilo de Miguel Gila, “alguien ha matado a alguien” que susurraba el matón de Jaén para atemorizar a empresarios, políticos o periodistas, insistamos, con el uso de medios para los que no tenía autorización.
La publicación de una lista de morosos con carácter anual, un invento gansteril de esos mismos tiempos, aporta el elemento deseado de quienes creen que los fines pueden siempre justificar los medios, la antesala de regímenes autoritarios. Debemos protestar, no es dable vivir en un país en el que aquello que no queremos revelar pueda encontrarse en las manos de quienes lo utilizarán sin miramientos cuando de dañarnos se trate. La respuesta ante quienes objetamos no puede ser que quien hace lo correcto nada debe temer porque esto es invertir la carga de la prueba, son los que acusan los que deben acreditar la existencia de un mal, no pretender que quien nada ha hecho deba mostrarlo. No vale, todavía más, para el caso de la Agencia Tributaria, tan dada a grotescas interpretaciones de sus propias directrices, y tan dada a considerar que cada contribuyente es un potencial delincuente.
Pero, y es lo relevante, bien haríamos en ser más exigentes como ciudadanos críticos, no comprando mercancías averiadas de parte, donde lo que hagan los míos lo convalido con apoyos mientras que las acciones de los adversarios -al menos lo eran hasta hace un tiempo, hoy casi son vistos como enemigos a los que aniquilar- son siempre indisputables y firmes. Nos estamos equivocando y solo una parte -muy activa- se beneficia de ello.
