Una administración que no funciona
Francisco Pomares
Canarias vuelve a reclamar más tiempo para ejecutar los fondos europeos. La Administración regional apenas gasta algo más de la mitad de los recursos que recibe de Bruselas. Es decir, de cada dos euros transferidos por la Unión Europea, prácticamente uno acaba devolviéndose por incapacidad para gastarlo en aquello para lo que fue concedido.
Los datos son demoledores. En el periodo 2014-2020, Canarias recibió cerca de 3.000 millones de euros en fondos estructurales procedentes del Feder, el Fondo Social Europeo y otros instrumentos comunitarios, pero no logró alcanzar el 56 por ciento de ejecución, dejando sin movilizar más de 1.300 millones de euros. Es un dinero cedido a Canarias por la Unión Europea, que no llegó a convertirse en infraestructuras, empleo, formación o desarrollo económico. Un dinero que, sencillamente, no llegó a invertirse por nuestra incapacidad para gestionarlo. Lo más preocupante es que no estamos ante un episodio puntual. En el actual periodo 2021-2027, la ejecución es aún peor: no solo no se corrige el problema, sino que se agrava. Y ocurre con todos los gobiernos. Nuestra incapacidad manifiesta es un problema estructural, por mucho que sea usada como munición política de la oposición contra el Gobierno. Cuando gobernó quien hoy es la oposición, ocurría exactamente igual que ahora. No se salva nadie.
Como región ultraperiférica, Canarias recibe una financiación reforzada, destinada a compensar sus desventajas estructurales: la lejanía, la fragmentación territorial, la dependencia del exterior. Sobre el papel, pocas regiones tienen tantas oportunidades de desarrollo financiadas con fondos europeos. Sin embargo, pese a más de tres décadas de políticas específicas de cohesión y a la existencia de un régimen fiscal diferenciado como el REF, Canarias ha perdido convergencia económica respecto al resto de España. Su renta per cápita ha pasado del 94 por ciento de la media nacional en el año 2000 al 78 por ciento de hoy. Y esa brecha creciente es aún mayor en relación con Europa. La conclusión es evidente: no sólo hay que pedir dinero, hay que saber cómo gastarlo.
Con una situación parecida a la nuestra, Madeira ha ejecutado el 160 por ciento de los fondos recibidos. Sí, más de lo asignado inicialmente, gracias a su capacidad para movilizar recursos adicionales y optimizar su gestión. Azores supera el 84 por ciento, y Reunión –el único territorio Europeo que recibe más fondos que Canarias- ronda un 80 por ciento de ejecución. Nuestra vergüenza es que la Administración canaria se queda a la cola de las regiones ultraperiféricas. No somos capaces de llegar más allá de ese 55 por ciento de ejecución.
El resultado de nuestra incapacidad es que mientras Canarias retrocede en convergencia con la media Nacional y Europea, Madeira ha conseguido que su PIB per cápita sea superior al de Portugal, con una tasa de paro del 5,6 por ciento, frente al casi 14 por ciento de Canarias. La pobreza también es significativamente menor. Conclusión: cuando hablamos de capacidad de gestión, no se trata de pajaritos preñados. Gastar bien los fondos europeos tiene consecuencias reales para todos.
Podemos consolarnos pensando que la dificultad para ejecutar fondos europeos se ha convertido en un fenómeno generalizado en toda la Unión. Y es cierto: los programas aprobados tras la pandemia movilizaron una cantidad de recursos sin precedentes en un plazo muy corto, obligando a las administraciones a gestionar simultáneamente proyectos complejos, con controles y exigencias técnicas y burocráticas elevadas. Y no es fácil diseñar, licitar, adjudicar y ejecutar inversiones en tiempo récord. Países como Alemania, Italia o Francia están teniendo también dificultades. Por eso las prórrogas son ya parte de la lógica del sistema.
Pero esa explicación no explica porque la nuestra es una incapacidad estructural que se repite década tras década, gobierne quien gobierne. Lo que ocurre con la gestión de los fondos europeos en Canarias no es un problema coyuntural derivado de un exceso de fondos que hay que gastar en poco tiempo. Es, sencillamente, que nuestra carísima administración no lo hace bien, ni parece que haya mucho interés de los Gobiernos en enfrentarse a esa situación, que implicaría con seguridad medidas disciplinarias y conflictos con los funcionarios.
Se anuncian planes estratégicos, se presentan proyectos, se movilizan recursos… pero el sistema administrativo no es capaz de convertir todo eso en resultados. El esfuerzo se agota en una política de declaraciones y titulares. Y cuando no se llega a tiempo, se pide aumentar los plazos. Pero el tiempo no corrige la ineficiencia de una Administración absentista, burocratizada e ineficiente en lo que no sea reivindicar derechos y privilegios, que ha terminado por especializarse en poner pegas en vez de buscar soluciones. Probablemente lo que producen las prórrogas es justificar los retrasos y con ello perpetuar lo que los provoca.
Quizá parezca brutal este diagnóstico. Pero también lo es tener que admitir que nuestra Administración no resuelve los problemas que tiene que resolver. Que nos cuesta una fortuna y nos hace perder el dos por ciento de nuestro presupuesto todos los años. Y algo habrá que hacer.
