Una brevísima historia del Sáhara

Francisco Pomares
El conflicto del Sáhara Occidental se articula en torno a varios hitos decisivos. El primero es la colonización española a finales del siglo XIX, cuando se incorpora el territorio al reparto colonial africano sin tener en cuenta la organización tribal saharaui. El segundo momento clave llega en los años sesenta, cuando la ONU impulsa los procesos de descolonización y reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En 1973 surge el Polisario, como movimiento de liberación nacional. El tercer hito se produce en 1975 y coincide con la agonía del dictador, que es cuando Hassan II lanza la Marcha Verde. España era la potencia administradora y, como tal, tenía la obligación jurídica de conducir un proceso de descolonización conforme al derecho internacional.
La presión de Marruecos y Mauritania y el temor a un conflicto armado precipitaron una salida irregular. En 1975, mediante los Acuerdos de Madrid, España transfirió la administración de su provincia africana -que no la soberanía- a Marruecos y Mauritania, sin consultar a la población saharaui. Fue una retirada apresurada, sin garantías para los habitantes del territorio, que dejó a España en una posición ambigua: formalmente dejó de administrar el Sáhara, pero sin culminar legalmente la descolonización que exigía la ONU.
Desde entonces, el Sahara es un territorio pendiente de descolonización. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. No se ha celebrado el referéndum de autodeterminación que permitiría a su población decidir su estatus político. Los Acuerdos de Madrid no transfirieron soberanía y nunca fueron reconocidos por la ONU como un acto válido de descolonización. Marruecos controla de facto la mayor parte del territorio, pero ese control no implica reconocimiento jurídico internacional. El Frente Polisario es reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui, y mientras no exista un proceso libre y verificable de autodeterminación, el conflicto permanece abierto y el Sáhara sigue siendo, formalmente, una colonia inconclusa, una anomalía histórica en pleno siglo XXI.
Desde 1975, los gobiernos españoles han reconocido formalmente su compromiso de apoyar la realización de un censo y un referéndum de autodeterminación. El cambio de la posición española sobre el Sáhara, se produjo por sorpresa, y se formalizó en una carta de Sánchez a Mohamed VI, filtrada por Rabat en marzo de 2022, que supuso la ruptura del consenso histórico español: el Gobierno de Sánchez abandonó su tradicional apoyo a una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” basada en las resoluciones de la ONU -el derecho a la autodeterminación- y calificó el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para el futuro del territorio. Eso supone un giro unilateral, sin debate parlamentario previo, que rompió un consenso de décadas en política exterior.
Aunque el Gobierno insiste en que España sigue respaldando las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara, el mensaje que envió la carta de Sánchez es que se prioriza la propuesta marroquí frente a otras opciones. Esto reforzó la posición de Rabat y dinamita la neutralidad española, provocando el deterioro de la relación con Argelia, principal apoyo del Frente Polisario y un socio energético clave para España, que reaccionó a la decisión de Sánchez con dureza: retiró a su embajador, congeló el Tratado de Amistad y redujo la cooperación política y económica. Aunque el suministro de gas continuó, la relación estratégica quedó seriamente dañada.
Para el pueblo saharaui, especialmente el que mantiene vínculos históricos con España y reside en Canarias o en la Península, el cambio supone un abandono definitivo. España ha perdido toda credibilidad como actor neutral y referente en el proceso de descolonización. Además, el hecho de que el cambio se realizara sin acuerdo político y sin pasar siquiera por el Congreso de los Diputados, representa una deslegitimación democrática de la decisión. Aunque es difícil que eso ocurra en el actual contexto mundial, con Trump en la presidencia de EEUU y Francia apoyando decididamente a Marruecos, podría ocurrir que en el futuro, gobiernos españoles de otro signo revisen la continuidad de esa decisión.
Es verdad que el giro de Sánchez mejoró nuestra relación con Marruecos, tradicionalmente conflictiva, pero lo hizo definiendo un cambio radical en el rol de España en una hipotética solución del conflicto, a costa de su coherencia diplomática, su relación con Argelia y –sobre todo- su autoridad moral en una antiguas colonia que sigue pendiente de descolonización.