Una duda perfectamente razonable
Francisco Pomares
Las matemáticas tienen la mala costumbre de estropear muchos relatos. No entienden de emociones, de propaganda ni de buenas intenciones. Simplemente suman. O restan. Y cuando uno intenta aplicar esa lógica elemental a la ‘Ley de nietos’, acaba encontrándose con una pregunta inevitable: ¿de dónde sale realmente el millón largo de solicitantes de la nacionalidad española de los que alardea el Gobierno?
La explicación oficial parece sencilla: España salda su deuda con los descendientes de quienes abandonaron el país tras la Guerra Civil. Es una reparación moral que permite recuperar la nacionalidad, perdida por el exilio. La explicación resulta comprensible y posee mucha carga simbólica. Pero el problema aparece al intentar hacer números…
La gran oleada del exilio republicano se produjo en los primeros meses de 1939. Alrededor de medio millón de españoles cruzaron la frontera francesa en el episodio conocido como ‘la Retirada’. Sin embargo, muchos regresaron durante los meses y años siguientes. Los historiadores calculan que entre 220.000 y 250.000 permanecieron definitivamente fuera de España. De ellos, solo una parte cruzó el Atlántico. América hispana acogió aproximadamente entre cuarenta y cincuenta mil refugiados republicanos. México fue, con diferencia, el principal destino gracias a la política impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas. Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay o Colombia recibieron también contingentes importantes, aunque inferiores. Hagamos ahora un cálculo generoso: imaginemos que esos cincuenta mil exiliados formaron familias y tuvieron hasta tres o cuatro hijos por familia y que esos hijos tuvieron también descendencia abundante.
Incluso aceptando esa hipótesis favorable, el resultado conduce hoy a varios cientos de miles de descendientes directos, quizá medio millón. O tal vez algo más, pero difícilmente mucho más. Sin embargo, el Gobierno habla de cifras mucho mayores. Dos millones y medio de consultas, más de un millón de expedientes presentados y millones de personas potencialmente beneficiarias.
Las cuentas no cuadran, y la primera tentación consiste en pensar que los historiadores infravaloraron el exilio, pero no parece probable: las cifras sobre la emigración republicana llevan décadas consolidadas y apenas presentan diferencias entre los distintos investigadores.
La segunda hipótesis resulta más verosímil: que la llamada ‘Ley de nietos’ no sea, en realidad, una ley pensada únicamente para los nietos del exilio republicano. Y aquí empieza la historia…
Porque la norma aprobada durante esta legislatura no limita sus efectos a quienes descienden de los exiliados políticos del 39. También permite acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles que nunca fueron exiliados, pero que la perdieron o no pudieron transmitirla por razones jurídicas derivadas de la legislación vigente durante décadas. Hijos y nietos de emigrantes económicos, mujeres españolas que perdían la nacionalidad al casarse con extranjeros, familias afectadas por normas discriminatorias o descendientes que quedaron excluidos por requisitos hoy obsoletos. Bajo una denominación cargada de simbolismo, se agrupan realidades diferentes, y eso cambia la dimensión del fenómeno.
España vivió entre finales del siglo XIX y buena parte del XX una emigración masiva hacia América. Solo hacia Cuba, Argentina, Uruguay, Venezuela o México marcharon millones de españoles buscando trabajo y oportunidades. No huían de la persecución política, sino de la pobreza. Muchos dejaron tras de sí familias inmensas cuyos descendientes viven hoy repartidos por todo el continente. Si una parte de esos descendientes está incluida en los nuevos supuestos legales, entonces se explican las cifras que justifican el volumen de solicitudes. Eso no convierte la ley en ilegítima: el legislador tiene potestad para ampliar los supuestos que permiten recuperar la nacionalidad. Pero sí es discutible presentar las cifras diciendo que corresponden a la reparación del exilio republicano. No es verdad. El exilio constituye una parte, pero no aporta por sí solo la dimensión del fenómeno actual.
Quizá el verdadero debate no sea quién merece la nacionalidad española. Ese pertenece al terreno de las decisiones políticas. La cuestión previa es mucho más sencilla: explicar con transparencia quiénes son realmente los beneficiarios de la norma. Llamar ‘Ley de nietos’ a una ley que alcanza a colectivos más amplios le resulta útil al PSOE: evoca el drama del destierro, conecta con la memoria democrática y proporciona una justificación moral fácilmente reconocible. Pero el relato que se ha construido alrededor de la llamada ‘Ley de nietos’ no se corresponde con la realidad demográfica que pretende explicar. Y quizá oculte el objetivo y voluntad de la ley.
