Una estafa
Francisco Pomares
En junio de 2018, en pleno estreno de su mandato, Pedro Sánchez recibió al Aquarius con cámaras, discursos y un despliegue de gestos que recorrieron el mundo. Fue la perfecta escenificación de un Gobierno que decía poner los derechos humanos por encima de todo. Hoy, los mismos que entonces presumían de humanidad bloquean, una y otra vez, el traslado de los menores desde Canarias a la Península. Sin micros, ni explicaciones convincentes, con un desprecio burocrático por la situación de esos chicos y chicas que ya roza la crueldad. El ministro Torres volvió a prometer la semana pasada —otra vez, y van…— el traslado de esos jóvenes a centros peninsulares. Y, una vez más, el compromiso anunciado se ha evaporado. El motivo oficial: “problemas administrativos”. Cinco meses para resolver cualquier trámite, y justo cuando arranca el calendario acordado, lo interrumpen tras el primer traslado.
Hace ya casi dos años que la atención a los chicos no acompañados se convirtió en el principal punto de fricción entre Canarias y Madrid. Desde entonces, el guion se ha repetido con una monotonía inquietante: el PSOE culpa al PP por no apoyar la reforma de la ley, saca titulares de acuerdos “históricos” y multiplica las declaraciones solemnes. Pero sobre el terreno, la realidad se mantiene tercamente inmóvil. La pasada semana se trasladó a diez niños de los 150 recluidos en el Canarias 50. Diez. Con la promesa incumplida de que esta semana serían otros tantos, pero ni eso. Lo que iba a ser un ritmo de dos derivaciones semanales ha quedado en humo. El grupo previsto para esta semana no saldrá. Y no hay fecha para el siguiente. Al paso anunciado inicialmente —unos 20 menores por semana—, y con estas dilaciones y retrasos, el proceso puede resultar un calvario. Y no hay motivo para ello: el Gobierno dispone ya de las herramientas jurídicas y políticas para iniciar las derivaciones. Consiguió su reforma de la ley gracias a un acuerdo de Clavijo con Junts, que el PSOE ni siquiera se planteó, porque le interesaba más acusar al PP de mantener el bloqueo que llegar a un acuerdo con su socio preferente para resolver la situación.
Trasladar a los chicos que siguen hacinados en un centro de emergencia, con sus expedientes de asilo ya tramitados y sus evaluaciones listas, no debiera sufrir más retrasos. Ya está bien. Es probable que muchos de esos chicos acaben este año sin saber si seguirán esperando el próximo y sin información alguna de cuando saldrán ni adónde irán. Y son apenas un porcentaje ridículo de los que han pedido asilo, de los que el Supremo ha ordenado sacar de Canarias.
La directora general de Infancia de Canarias lo ha resumido en una frase: “Incertidumbre tras incertidumbre”, ha dicho: no hay calendario, no hay cifra garantizada de traslados, no hay claridad sobre las 1.200 plazas que el Estado tiene la obligación de crear para jóvenes solicitantes de asilo. Nadie sabe nada de esas plazas. Es una improvisación elevada a método. O quizá una estafa. Porque lo peor no es la absoluta ineficacia de la administración del Estado, sino su cínica hipocresía. El mismo Gobierno que hace años hizo bandera del Aquarius, actúa ahora con una frialdad administrativa impropia de quien dice defender un modelo decente de gestión migratoria. Las fotos con niños en brazos ya no encajan con la burocracia letal que retrasa traslados por sistema, mientras se mantiene a los menores atrapados en un limbo ajeno a la acogida y la integración.
Y es falso que se trate de un problema de recursos, porque el dinero para emergencias se ha movilizado decenas de veces en otras causas, con una rapidez asombrosa. No es tampoco un problema de coordinación, ni un problema legal: el decreto de reparto fue aprobado y convalidado. Lo que hay es una absoluta falta de interés y voluntad política. Cuando se trata de niños migrantes, el Gobierno parece tener un umbral de tolerancia infinitamente más alto para la espera y la desidia.
Estamos soportando una estafa: prometen al Supremo lo que no cumplen, acuerdan hacer lo que no hacen, anuncian acciones que no van a afrontar. Puede que sea legal que se pasen la orden del Supremo por el arco de triunfo, pero moralmente es intolerable. Si Torres quiere recuperar algo de credibilidad, no necesita más reuniones bilaterales, ni más titulares huecos: solo hace falta que la próxima vez que prometa un traslado, los niños salgan de verdad. Cada día en el Canarias 50 es otro día robado a la infancia de esos chicos.
