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Una explicación

  • Lancelot Digital
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    La Policía Judicial realizó el jueves una llamativa intervención en la sede del Servicio Canario de Salud en Las Palmas de Gran Canaria. A primeras horas de la mañana, con alguno de los funcionarios aún no incorporados a sus puestos de trabajo, hasta nueve agentes se personaron en las instalaciones de la entidad que gestiona las compras que se realizan desde el Gobierno para atender las necesidades de la Sanidad de las islas. Los agentes, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Europea, pretendían encontrar documentos y archivos informáticos vinculados a la actividad de la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, y el exdirector del Servicio, Conrado Domínguez, investigados por el primer ‘caso Mascarillas’, que supuso la compra fraudulenta de cuatro millones de euros en mascarillas, que nunca llegaron a las islas, y que el Gobierno regional encargó a una empresa de compra-venta de automóviles, RR7 United.

     

    Este es sin duda el caso de corrupción vinculada a la pandemia más conocido y divulgado de los que se produjeron en Canarias, aunque no es –ni de lejos- el que más perjuicio ha causado a las arcas públicas de las islas. Se ha hablado y escrito más de él que de otros porque fue el primero en conocerse en las islas, y porque afecta directamente a personas muy conocidas. Todo el caso se sostiene en la duda de los motivos por los que el Gobierno –representado por Conrado Domínguez- permitió que se perdieran los cuatro millones contratados, y si la decisión de no perseguir a los presuntos vendedores se produjo porque alguien recibió una mordida -la policía acusa a Conrado Domínguez de haber cobrado cien mil euros de RR7- o porque alguien dio instrucciones de proceder de la manera en que lo hizo.

     

    Domínguez, que ya había sido director del Servicio Canario de Salud entre 2015 y 2019, continuó prestando sus servicios al Gobierno de Torres en el equipo de Chano Franquis, cuando Teresa Cruz Oval se convirtió en consejera de Sanidad, iniciando una etapa de mucha tensión en el sector. Al empezar la pandemia, Torres nombró a Domínguez coordinador del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias, y en esa condición negoció y firmó el contrato con Rayco Rubén González, propietario de la firma RR7.

     

    En mayo de 2020 Domínguez precisaba aumentar los equipos de protección individual de los sanitarios con mascarillas FFP3. Recibió información sobre los contactos de Rayco con alguien que podía traer mascarillas de África, y decidió comprarle un millón de mascarillas por cuatro millones de euros. Hasta aquí, lo normal entonces.

     

    Pero la querella de la Fiscalía europea asegura que por esas fechas el Servicio Canario de Salud había rechazado la oferta de comprar mascarillas FFP2 porque ya había suficientes en sus almacenes, y que el precio pagado a la empresa de Rayco (cuatro euros por unidad) es superior al precio más alto (menos de tres euros) que se pagó por mascarillas en Canarias durante toda la pandemia. Y luego está la cuestión realmente problemática, que es que Domínguez, tras anticipar la mitad del pago en agosto de 2020, abonó el resto en octubre de ese año, sin haber recibido la mercancía. Rayco se gastó la pasta en comprar varios coches: Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley… pero sólo pudo ofrecer a Sanidad mascarillas falsas importadas de Etiopia, que fueron quemadas en la Aduana. Ante esa situación, Sanidad requirió a RR7 la extinción del contrato y la devolución de los cuatro millones. Fue en mayo de 2021, pero en junio, la empresa solicitó cambiar el suministro del millón de mascarillas comprometidas, por 1,2 millones de FFP3 de otra marca, y el Servicio Canario de Salud aceptó sorprendentemente la oferta. ¿Por qué lo hizo?

     

    La versión de la policía ya la saben, y resulta sospechoso que Domínguez se haya negado a declarar cuando se le interrogó. Pero hay otras opciones: a finales de agosto de 2021, se publicó en redes la foto de un almuerzo celebrado el mes antes, en el que se podía ver a Torres compartiendo mesa y mantel con el cuñado de Rayco y con su asesor fiscal, Pablo Carranza. Torres jamás ha negado la autenticidad de la foto, aunque su gente alegó entonces que era antigua, que no era de esos días… Yo creo que esa foto debe ser explicada. Y que el ministro debería hacerlo ya. Pero nadie se lo ha pedido.

     

    De hecho, ayer, tras la operación el jueves de la Fiscalía, el presidente Clavijo explicó que él se dedica a gobernar y no va a presionar a Torres, que está siendo respetuoso con el trabajo de la Justicia y del Parlamento… San Fernando Buenrrollito: cuatro años arrastrado por los tribunales por el que es hoy presidente de la comisión regional de Ética del PSOE, y ahora a poner la otra mejilla. No me lo creo. A Torres le esperan en el Parlamento de Canarias con la escopeta cargada. Será en la Comisión de Investigación.

     

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