Una instrucción inasumible
Francisco Pomares
El delegado Pestana ha encontrado una nueva forma de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a reubicar a menores migrantes no acompañados en otros territorios del Estado. Lejos de apostar por la sofisticación jurídica o la superioridad moral que acompaña todas las decisiones del Gobierno progresista, los intentos del delegado son cada vez más burdos. Ahora pretende trasladar formalmente la obligación y materialmente el problema, esperando que sea Canarias quien cargue con el coste político y operativo de los traslados de menores. Por supuesto, Canarias no se ha negado a asumir esta competencia, recogida en el Estatuto de Autonomía, pero no puede hacerlo si no se dan las condiciones precisas para que la tarea encomendada pueda ser atendida. La propuesta de crear un grupo de trabajo entre Gobiernos se produjo hace seis años para estudiar –entre otras cosas- la financiación de las competencias en emigración de menores, se produjo hace seis años, en 2019. Ni el Gobierno de Sánchez ni el de Torres –ambos del PSOE- avanzaron lo más mínimo en esa propuesta durante sus mandatos conjuntos. Volvió a plantearse la necesidad de crear un grupo de trabajo en noviembre del año pasado, sin que aún se haya producido ninguna reacción, encuentro o reunión. Ahora, de bote pronto, Pestana da diez días al Gobierno regional para que la Policía Canaria sustituta a la Guardia Civil en la gestión y control de los traslados. El Gobierno de Canarias señalaba ayer la falta de efectivos de su cuerpo de Policía, que cuenta con sólo 282 efectivos, sin duda insuficiente para mantener sus actuales responsabilidades y además asumir una competencia que implica a menores migrantes y menores con medidas judiciales. A juicio del Gobierno regional, la propuesta de Pestana carece de respaldo técnico y organizativo, y podría provocar riesgos a los menores y los cuerpos de seguridad.
Es una forma suave y diplomática de decirlo. Porque la última ocurrencia del delegado roza la indecencia institucional. Dar diez días al Gobierno regional para que asuma la gestión del acompañamiento policial de los menores durante su reubicación, es un despropósito imposible de cumplir. Resulta llamativo que el plazo sea el mismo plazo improrrogable –también de diez días- que el Supremo dio el 25 de marzo pasado a la Delegación para cumplir con su sentencia, un plazo que Pestana y el Gobierno decidieron pasarse por el arco de triunfo, alegando que no era aplicable en tan poco tiempo. El mismo delegado que tardó 140 días en comenzar a reubicar a los menores en otras regiones con cuentagotas, pide ahora que Canarias –con menos de 300 policías en plantilla, frente a los 8.000 efectivos de las fuerzas de Seguridad del Estado desplazados en las islas- se ocupe del mismo trabajo.
La de Pestana no es solo una propuesta inviable. Es una propuesta temeraria. No se tiata de un trámite administrativo menor que pueda resolverse atendiendo a un ukase gubernativo. Se trata de mover chicos y chicas extremadamente vulnerables, muchos de ellos con historias de violencia, abandono o trata a sus espaldas. No estamos ante una discrepancia competencial menor, ni ante una discusión técnica entre administraciones. Estamos ante algo miserable: jugar con la seguridad de los menores migrantes para cubrir la inacción del Estado. Y hacerlo, además, con una ligereza que resulta insultante. ¿De verdad pretende el Gobierno central que esta región organice de la noche a la mañana dispositivos policiales para cumplir una sentencia que a quien obliga es al propio Estado? ¿De verdad alguien cree que eso se puede sostener jurídicamente en una nota de la Deleación del Gobierno? Yo creo que esta evidente estupidez, este tirarse los menores a la cabeza, responde otra vez a la estrategia de siempre: pasar la pelota, ganar tiempo y esperar que el desgaste que a uno le toca lo asuma otro.
La respuesta del Gobierno de Canarias ha sido esta vez, un ejemplo de sensatez institucional y de dignidad política. No hay estridencias ni amenazas, no hay victimismo ni aspavientos. Lo que hay es una explicación razonada de por qué la propuesta es absurda, improcedente y peligrosa. Canarias recuerda lo obvio: que la ejecución de una sentencia corresponde a quien tiene las competencias y los medios, que el acompañamiento policial no es un mero detalle logístico, sino un elemento esencial de protección, y que improvisar en este terreno es una irresponsabilidad mayúscula.
Lo que plantea Madrid no se sostiene legalmente, ni desde el sentido común. Estamos hablando de menores que deben ser trasladados con garantías, con protocolos claros, con personal especializado y con seguridad suficiente para evitar fugas, agresiones, situaciones de pánico o, peor aún, la captación por redes criminales. Convertir eso en un encargo urgente y mal definido a una comunidad saturada es una temeridad que roza el abandono de funciones y demuestra que la tentación permanente del Gobierno es convertir a Canarias en un dique de contención, en un almacén humano, en un territorio al que se le exige todo y se le da siempre menos de lo necesario. Y cuando alguien se atreve a decir “hasta aquí”, se le acusa de insolidario.
