Una regularización cobarde

Francisco Pomares

Podemos celebrando ayer en Madrid el acuerdo con el PSOE para la regularización de medio millón de trabajadores extranjeros

El Gobierno ha decidido regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas inmigrantes que viven y trabajan en España. No es una decisión menor, todo lo contrario. Afecta a muchísimas personas, cambia el mercado laboral, mejora la recaudación fiscal, contribuye a la cohesión social y aporta credibilidad al Estado. Con un claro perfil progresista, la medida aporta más elementos positivos que riesgos reales. Sin embargo, lejos de asumir con claridad sus políticas, este Gobierno ha optado por ocultarse tras un real decreto y dejar que sean sus socios quienes anuncien y defiendan la regularización. Se hizo con la financiación pactada con Esquerra en Cataluña y con las concesiones al PNV. Ahora se repite el mismo patrón con Podemos.

Conviene empezar por lo esencial: la decisión no es un capricho ideológico. Parte de una Iniciativa Popular respaldada por más de 700.000 ciudadanos y cuyo debate fue tomado en consideración con el apoyo del 90 por ciento de los diputados, incluidos los del PSOE y PP, y con la única oposición de Vox. Existe, pues, un amplio consenso para regularizar.

En España viven y trabajan hoy –y desde hace ya años- cientos de miles de personas atrapadas en la irregularidad, trabajando en la economía sumergida, sin derechos laborales plenos, sin protección social y sin capacidad real de integración. Esta situación no solo es injusta para quienes la padecen; es también profundamente disfuncional para la economía de este país. Mantener a medio millón de trabajadores en la clandestinidad significa salarios más bajos, cotizaciones inexistentes, competencia desleal entre empresas y un Estado que renuncia voluntariamente a importantes ingresos fiscales y al control efectivo de su fuerza de trabajo. La regularización aporta beneficios evidentes. Para los inmigrantes, supone salir del miedo permanente, acceder a contratos legales, cotizar, alquilar una vivienda sin subterfugios, escolarizar a sus hijos con normalidad. En suma, dejar de ser invisibles. Para la economía española, implica aflorar empleo, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, ampliar la base fiscal y reducir el peso de la economía en negro. No es una hipótesis ideológica: es una constatación empírica que ya se produjo tras la exitosa regularización de 2005. Además, en un país con un problema estructural de envejecimiento demográfico y escasez de mano de obra en sectores clave -agricultura, cuidados, hostelería, construcción-, regularizar no es sólo un gesto humanitario, sino una decisión de realismo económico. Lo incoherente no es integrar a quienes ya están aquí; lo incoherente es fingir que no existen mientras sostienen parte del funcionamiento cotidiano del país.

Precisamente por todo eso resulta inexplicable la cobardía política con la que el Gobierno ha decidido proceder. Si la regularización es justa, necesaria y beneficiosa, ¿por qué no defenderla en el Congreso? ¿Por qué aprobarla por decreto, sin debate parlamentario pleno, sin votación nominal y sin asumir el posible coste de explicarla a los ciudadanos? La respuesta no está en la urgencia jurídica, sino en el miedo a perder votos.

En Moncloa saben que la legislatura camina sobre terreno minado: Las políticas del Gobierno han provocado una fuga sostenida de votantes hacia el PP y Vox. No se trata solo del crecimiento de la derecha radical, sino del desgaste profundo del votante socialista tradicional, cansado de una acción de gobierno errática, basada en concesiones sucesivas para sostenerse en el poder y sin un relato coherente.

Ese miedo explica el método. El real decreto se convierte en un escudo para no dar explicaciones, y los socios en pararrayos. ERC anunció lo suyo; Podemos se cuelga ahora esta medalla; el PSOE observa desde la retaguardia, intentando no ser identificado con decisiones que, paradójicamente, forman parte de su ADN. El PSOE se instala no en el liderazgo y la pedagogía social, sino en gestión defensiva del desgaste de un Gobierno atrincherado. El efecto colateral es devastador en la izquierda. La concesión a Podemos acelera la descomposición de Sumar, descoloca a sus dirigentes y profundiza la división interna entre quienes apuestan por romper con Sánchez y quienes, como Izquierda Unida, ya exploran abiertamente su abandono de la marca rosa para ir a una reunificación con Podemos. El Gobierno compra estabilidad a corto plazo, pero alimenta la desestabilización de su propio espacio político. Esta forma de actuar pervierte el sentido mismo de la regularización: lo que debería ser una decisión consciente y orgullosa de solidaridad, justicia laboral y fortalecimiento del Estado, se presenta como un pago, una concesión vergonzante que conviene disimular. El Gobierno no solo elude su responsabilidad, sino que regala el marco del debate a quienes presentan estas medidas como imposiciones, cesiones o debilidades.

Regularizar a medio millón de personas debería ser un acto político asumido con claridad, defendido con datos y explicado sin complejos. Hacerlo por decreto, a escondidas y dejando que otros den la cara, no es prudencia institucional: es miedo a asumir quién se es y para qué se gobierna. Cuando un Gobierno actúa con cobardía, incluso las decisiones acertadas parecen sospechosas.