Vacaciones en La Mareta
Por Francisco Pomares
Creo que nadie discute a Pedro Sánchez su derecho a haber elegido La Mareta para pasar sus vacaciones. Conviene empezar por ahí para evitar que la crítica se extravíe en acusaciones absurdas. Y ahora que sus vacaciones están a punto de concluir, conviene también recordar que la residencia pertenece al Estado, está gestionada por Patrimonio Nacional y puede ser utilizada por el presidente del Gobierno. También la ocuparon antes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, además de miembros de la Familia Real y mandatarios extranjeros. Descansar en ella no constituye una irregularidad ni obliga a Sánchez a pedir disculpas.
Pero tener derecho a utilizar una residencia oficial no convierte a su ocupante en propietario. La Mareta no pertenece a La Mareta no es el chalet de los Sánchez-Gómez ni una casa de huéspedes para los amigos del presidente. Es una residencia oficial. Y precisamente por eso debería utilizarse con reglas conocidas, cuentas claras y algo más de prudencia. El derecho de Sánchez a alojarse allí con su familia no responde a la cuestión de hasta dónde debe llegar el uso privado de una propiedad pública.
Salvador Illa y su esposa permanecieron tres noches en La Mareta como invitados del presidente. La visita obligó a desplazar también a Lanzarote a la escolta del presidente catalán, cuyos integrantes se alojaron fuera del complejo. Después llegó Jesús Calleja acompañado de su pareja y fue recogido en el aeropuerto por un vehículo con chófer que los trasladó a la residencia. También han pasado por allí una tropa bastante nutrida de familiares del clan Sánchez-Gómez. No parece razonable exigirle a Sánchez que pase sus vacaciones aislado de cualquier relación familiar o personal. Pero cuando los amigos son alojados en una propiedad del Estado, recogidos por vehículos con conductor y atendidos por servicios sostenidos con fondos públicos, la explicación deja de pertenecer al ámbito privado.
Por desgracia, a pesar de haber sido solicitada información sobre los usos de La Mareta, el Gobierno se ha negado a darla, alegando cuestiones de seguridad. Por eso no sabemos quién pagó los desplazamientos, la manutención de los invitados o los posibles gastos generados. Tampoco sabemos quién autorizó las estancias ni qué normas regulan el uso de La Mareta por personas que no desempeñan función institucional alguna. No lo sabemos porque el Gobierno considera que la condición presidencial de Sánchez convierte en oficial todo cuanto hace, incluso descansar con familiares, recibir amigos o compartir unos días con un compañero de partido. Precisamente por eso resulta imprescindible la transparencia. No para saber cuántas tostadas se desayunó Calleja ni para montar una causa penal por cada excursión, sino para distinguir entre los gastos inevitables de proteger al presidente y los que pueda ocasionar su hospitalidad privada. Sánchez necesita escolta y medios de comunicación seguros, esté trabajando, descansando o contemplando el eclipse. Pero no se deduce de esa necesidad que los ciudadanos tengamos que pagarle el veraneo a quienes lo acompañan. Bastaría con publicar el régimen de utilización de la residencia, identificar qué gastos asume Patrimonio Nacional y aclarar si los invitados privados pagan sus desplazamientos, manutención y servicios. Si todo se ha hecho correctamente, la transparencia protegería al propio presidente. La resistencia a informar alimenta la sospecha.
Y una derivada: La Mareta está en Lanzarote y forma parte del paisaje sentimental y material de las islas, aunque sea propiedad del Estado. Vemos llegar cada verano al presidente con su familia, sus invitados, el Falcon, los coches oficiales y un dispositivo de seguridad extraordinario. Comprobamos que, cuando se trata de descansar, el Estado encuentra con enorme facilidad el camino a Canarias. Lo encuentra con bastante menos diligencia cuando las islas reclaman el cumplimiento de los acuerdos, una financiación justa, respuestas ante la emergencia migratoria o la atención debida a sus singularidades. Entonces aparecen los retrasos, las competencias cruzadas, los informes pendientes y las promesas que deben esperar al próximo periodo de sesiones. Para las vacaciones siempre está listo el reactor; los compromisos avanzan a la pata coja. Aunque se trate de una cita solicitada por el presidente del Gobierno de Canarias.
