PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Vaguedades y cobardía

Francisco Pomares

 

El Gobierno Sánchez vetó sorpresivamente hace dos días la presencia del rey Felipe en las entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que este año se celebra en Barcelona. El Gobierno no ha dado ninguna explicación a los motivos por los que se ha obligado al rey a modificar un compromiso de su agenda, que contemplaba la visita a Barcelona, y la participación en un acto al que los reyes de España han acudido ininterrumpidamente desde hace décadas.

 

La Casa Real no ha dado explicación alguna a la decisión de Moncloa. No pueda darla: la nuestra es una monarquía constitucional en la que el Rey está sometido al criterio del Gobierno en lo que se refiere a su agenda pública. Tradicionalmente, los gobiernos de España han mantenido una extrema cautela a la hora de imponer decisiones al monarca, pero no creo que sea muy sorprendente este cambio en el modelo de relaciones entre Moncloa y Zarzuela, en el actual estado de desgarro institucional del país, con un vicepresidente del Gobierno que declara sin recato que el principal objetivo estratégico de su partido es acabar con la monarquía, un presidente del Gobierno que no ha asimilado aún cuál es la función constitucional del jefe del Estado, y un Ejecutivo que se sustenta en el apoyo cambiante de fuerzas políticas que se definen como antimonárquicas e independentistas, y es capaz de indultar a los condenados del procés a cambio de que Rufián apoye los presupuestos de 2021.

 

La cuestión es que "quien podía hacerlo" ha decidido impedir que el rey acuda a la entrega de despachos de los nuevos jueces, y además se ha negado a dar explicaciones de porqué. "Hay decisiones que están muy bien tomadas", se ha limitado a explicar la vicepresidenta Carmen Calvo. Y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rematado la explicación con un cúmulo de vaguedades: "Quien tenía que tomar esta decisión la ha tomado sopesando muchas variables... En la ponderación de bienes, hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y sin duda la Monarquía lo es". Tras la perplejidad, uno se pregunta qué diablos ha querido decir el señor ministro. La respuesta está en la insinuación del secretario general del PSC, Miquel Iceta, que ante las protestas de los jueces y la amenaza de plante, apuntó a la previsible inhabilitación de Torra como justificación para cancelar la visita del rey a Barcelona. Iceta cree que ir a un acto judicial la semana que puede conocerse la sentencia contra el president, "no es la mejor opción". Y uno se pregunta: la mejor opción€ ¿para quién?

 

 

Vivimos un tiempo de extraordinaria confusión moral, de política cobarde, en el que un Gobierno constitucional prefiere ocultar al Jefe del Estado ante una posible protesta de grupos sediciosos antes que actuar para protegerlo y mantener el Derecho. Se trata de la misma lógica claudicante que lleva al indulto. Más allá de la humillación que supone que el Gobierno modifique la agenda del rey para apaciguar a los independentistas, o para comprar su apoyo a los presupuestos, si ni siquiera el jefe del Estado puede circular libremente por su país, es que aquí ya no hay nadie que pueda sentirse seguro.

Comentarios (0)