Veinte días

Francisco Pomares

En los nueve primeros días de noviembre han llegado a Canarias 6.665 personas en 66 embarcaciones: un 1.355 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. En El Hierro, las llegadas se suceden mientras la red autonómica de acogida tutela hoy a casi 3.000 menores extranjeros no acompañados, cuando los recursos que le corresponden son para tutelar a 720. En porcentaje, la situación de El Hierro, una isla con poco más de 11.000 habitantes., no es muy diferente de la que se vivió en Ceuta hace tres meses. No hacen falta demasiadas cartas, llamadas ni declaraciones para entender que la situación es insostenible. Lo que de verdad hace falta son medios y decisiones.

Clavijo lleva tiempo reclamando una reunión al presidente del Gobierno. Ahora, a sólo veinte días de las elecciones generales, será recibido por siete ministros, aunque Pedro Sánchez, en principio, no estará en el encuentro. Probablemente piense que la situación no es aún tan grave como para merecer su concurso personal con carácter inmediato. La convocatoria se produce después de cuatro años de crisis migratoria, de sucesivas peticiones del Gobierno canario y de una nueva escalada que vuelve a golpear con especial dureza a El Hierro. La urgencia no empezó esta semana, aunque esta semana ya es completamente imposible ignorarla.

Clavijo llega al encuentro con un documento consensuado por todas las fuerzas políticas de las islas, excepto Vox, instalada en un populismo inútil e insensato en todo lo que siquiera tangencialmente roza la emigración. También aporta Clavijo un paquete de medidas que combina actuaciones inmediatas con compromisos de coordinación, cooperación internacional y reformas legales. Entre las más urgentes están el refuerzo de Salvamento Marítimo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la asistencia sanitaria de Cruz Roja en los centros de atención temporal y un paquete de apoyo económico para El Hierro.

Son medidas concretas, y parecen razonables para una emergencia que está afectando a los servicios públicos, la actividad económica y la vida cotidiana de una isla que no puede cargar indefinidamente con responsabilidades que corresponden al Estado. No todo exige una ley nueva, ni una negociación europea interminable, ni esperar a que se constituya el próximo Gobierno. Algunas cosas podrían empezar a hacerse mañana.

Clavijo sostiene que un Ejecutivo en funciones conserva capacidad para movilizar efectivos, contratar servicios asistenciales y habilitar recursos de emergencia. Tiene razón en lo esencial: la situación política no puede convertirse en una coartada para la inacción. La transición entre gobiernos no suspende las obligaciones del Estado, y menos aún cuando las llegadas se producen cada día y la situación es cada vez más insostenible.

La propuesta del presidente canario incluye también la realización de encuentros semanales de coordinación entre Canarias y el Gobierno central, una iniciativa diplomática con países de origen y tránsito, la activación de los mecanismos de solidaridad de la Unión Europea, un mayor despliegue de Frontex y la inclusión de Canarias en un marco europeo de respuesta para las fronteras exteriores. A más largo plazo, se plantea una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar la posibilidad de perseguir delitos de homicidio o asesinato cometidos en alta mar.

No todos son asuntos equivalentes. Un refuerzo de personal en El Hierro puede activarse con rapidez; una reforma legislativa necesita otro recorrido. Precisamente por eso la reunión debería servir para distinguir lo que puede ponerse en marcha ya de lo que requiere negociación y calendario. Un listado de compromisos sin plazos sería otra forma de aplazar las respuestas. Clavijo asegura que en veinte días se pueden hacer muchas cosas si existe voluntad política. Ojalá fuera así. Pero esa frase también deja al descubierto la dimensión del problema: ¿por qué ha sido necesario esperar a una campaña electoral para que se convoque una reunión de este nivel? Si ahora se pueden tomar decisiones, también podían tomarse antes. Y si algunas no dependían del Gobierno central, alguien debería explicar cuáles eran y por qué.

La amenaza de acudir a los tribunales, si no hay soluciones, revela hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre las administraciones. No debería hacer falta judicializar una emergencia para que se atienda. Pero si el Gobierno canario considera que se están incumpliendo obligaciones, tiene derecho a buscar amparo. La colaboración institucional no consiste en pedir paciencia a quien soporta la presión ni en convocar reuniones para cubrir el expediente. Consiste en asumir responsabilidades y cumplir lo acordado.

La reunión de hoy tendrá ministros, cifras y un documento consensuado. Lo que todavía no tiene es el resultado que necesitan Canarias y, sobre todo, El Hierro. Si de la Moncloa salen decisiones, recursos y fechas, la convocatoria habrá servido. Si sólo salen de ella nuevas promesas, habrá llegado cuatro años tarde.