Canarias asumirá la tutela financiera de las entidades locales previo acuerdo con el Estado
Entretanto, la Administración central deberá seguir asumiendo esa responsabilidad
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, lunes 30 de diciembre, el inicio del proceso para asumir la competencia en materia de Hacienda Pública y Tutela Financiera de las Islas y Municipios, prevista en el nuevo Estatuto de Autonomía, si bien ésta no se ejercerá por Canarias en tanto no se produzca el traspaso de medios personales y materiales por parte del Estado.
El acuerdo adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria incluye la solicitud de convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de negociar los detalles del traspaso.
La decisión del Gobierno se produce después de que el Ministerio de Hacienda haya instado al Ejecutivo autonómico a solicitar a las entidades locales que han incumplido las reglas fiscales un plan económico financiero o a adoptar acuerdos de no disponibilidad de crédito.
La Comunidad Autónoma entiende que, si bien le corresponde la titularidad de la competencia desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto, "es necesario, para la asunción de esta, el traspaso de los medios personales y materiales adscritos a la tutela de las entidades locales canarias por parte del Estado, debido a que por la propia naturaleza de la competencia así se aconseja y por el principio de seguridad jurídica así se precisa".
"Por ello -continúa el acuerdo-, el ejercicio de la competencia ejecutiva en esta materia debe seguir siendo ejercida por el Estado mientras los medios y servicios no sean traspasados, a efectos de garantizar la continuidad de la tutela financiera de las entidades locales".
La competencia en Hacienda Pública y Tutela Financiera permitirá a Canarias, por ejemplo, autorizar operaciones de endeudamiento a largo plazo de los cabildos insulares y ayuntamientos canarios de más de 75.000 habitantes cuando incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública; autorizar las operaciones de crédito a largo de plazo de las entidades locales, o emitir informes sobre sostenibilidad financiera de las entidades locales para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
Del mismo modo, la Comunidad Autónoma estará facultada para aprobar los planes económico-financieros de las entidades locales sujetas al régimen de cesión o para realizar el seguimiento de las obligaciones de suministro de información.
