Canarias-Estado y el dinero que no llega
El Gobierno canario ve con preocupación que el Estado no cumple los compromisos de inversión con las Islas para 2018 y teme el contenido de los nuevos presupuestos
¿Por qué motivo el Psoe de Canarias permite que el dinero de los canarios se pierda? ¿Por qué no alza la voz y exige al Gobierno del Estado, presidido por el socialista Pedro Sánchez, cumpla con los acuerdos adquiridos con las islas?
Para responder a estas y otras preguntas y comprender el temor del Gobierno de Canarias a que el Gobierno de Sánchez no cumpla los mandatos del REF económico y del Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a la inversión y compensación por la lejanía insular, es preciso revisar los últimos acontecimientos y tener en cuenta que, pese a las constantes promesas, los fondos de 2018 no acaban de llegar y nadie dice nada sobre los convenios sin firmar.
Un poco de historia cercana
Pero retrocedamos unas semanas en el tiempo. El pasado 22 de diciembre, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, firmaba con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, un convenio de carreteras, con vigencia de ocho años y una dotación de 1.200 millones. Ya entonces recordaba los incumplimientos anteriores y asegura no estar convencido de lo que podría ocurrir.
El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recordaba entonces que las relaciones Canarias-Estado hasta el momento no habían sido precisamente un ejemplo de colaboración, ya que no se cumplió con las islas. De hecho, el Gobierno de Canarias recurrió ante los tribunales y el Supremo les dio la razón, por lo que desde el Ejecutivo autonómico se reclamaron 2.145 millones, más otros 101 por una adenda al anterior convenio, otros 500 por derechos reconocidos por el Supremo, hasta llegar a 945 por otras obligaciones legales.
En dicho encuentro, no se firmó ni la adenda de los 101 millones ni las obligaciones de 500, sino exclusivamente el nuevo convenio por 1.200 millones.
Rodríguez explicaba entonces que el Ejecutivo canaria firmaba el documento porque era preciso “ para ejecutar obras que son estratégicas y claves para la movilidad de las islas, pero no hemos firmado la adenda ni el acuerdo extrajudicial porque no recoge la deuda al completo del anterior convenio". Y añadía: "El Gobierno de Canarias no va a renunciar a un derecho reconocido por sentencia y va hacer todo lo posible para que los canarios tengan lo que les corresponde por justicia. En las próximas semanas los dos gobiernos mantendremos contactos para tratar de encontrar una fórmula para ejecutar la sentencia".
El vicepresidente recordaba en aquel momento que "el acuerdo bilateral entre Canarias y el Gobierno del Estado estaba compuesto de tres documentos, por una parte el nuevo convenio de carreteras, con una dotación de 1.200 millones de euros destinados a obra nueva de infraestructura viaria, con una vigencia de 8 años; la prórroga del convenio anterior hasta el 31 de diciembre de 2021 para la finalización de las obras que ya estaban iniciadas; y la firma del acuerdo extrajudicial por el que el Estado debe devolver a Canarias 945,5 millones de euros en cumplimiento de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo en compensación por las anualidades comprometidas del convenio anterior que no se transfirieron entre 2012 y 2017. Sin embargo, días antes de la firma del acuerdo el Ministerio de Fomento vuelve a incumplir con Canarias, dejando en el aire el acuerdo extrajudicial que habíamos pactado".
El consejero aseguraba que el nuevo convenio es necesario para la ejecución de infraestructuras estratégicas para las conexiones por carretera en Canarias para los próximos diez años, obras que son inaplazables y prioritarias para las Islas, "para mejorar las condiciones de conectividad de las infraestructuras viarias en condiciones óptimas de seguridad y comodidad, lo que supone mejorar la calidad de vida de los canarios, además de resolver el déficit de infraestructuras, equilibrar el mercado y generar puestos de trabajo en un sector que fue castigado durante los años de la crisis".
Desde el Gobierno de Canarias se recuerda que si aplicarán de manera estricta los mandatos del REF y el Estatuto, se elevaría la ficha financiera canaria en las nuevas cuentas del Estado a 4.962 millones de euros. De no aplicarse, la decisión está clara: la Comunidad Autónoma recurrirá a los tribunales.
Y lo cierto es que el Ejecutivo no es optimista porque el Gobierno no ha transferido, desde que empezó el 2019, ni un solo euro de los fondos pendientes del Presupuesto del 2018, tampoco se ha pronunciado sobre los convenios aún sin firmar correspondientes al pasado año y que podrían firmarse en el mes de enero.
La propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, daba por perdido este dinero recientemente en una entrevista en La Provincia, señalando que ya se ha constatado que “327 millones de euros del presupuesto de 2018 no llegarán a Canarias, ya que están sin formalizar”, a lo que recuerda que hay que sumar otros “60 millones, formalizados” del mencionado convenio de carreteras.
Desde el Ejecutivo canario se está haciendo todo lo posible por solucionar este problema de una manera dialogada, pero tampoco van a esperar impasibles ante una situación tan irregular. “Sería muy triste acudir a los tribunales para defender el Estatuto de Autonomía, pero si no se cumple, y no lo hacemos, todo quedaría en papel mojado”, señalaba Dávila. Y añadía. “Lo más triste es que el Psoe canario no es capaz de alzar la voz, ni de llamar la atención a su propio partido”, y recordaba que por encima de pertenecer a un partido político o a otro, es preciso defender los intereses de los canarios.
La partida más relevante, de las que quedan pendientes, es la de carreteras, en la que se contemplan, no sólo los 60 millones correspondientes a la primera anualidad del convenio, sino que ha que tener en cuenta las cantidades que corresponden a la parte proporcional anual de la deuda del convenio anterior (161 millones), y otros 101 de la adenda aún pendiente del año anterior. Rodríguez se negó, como se ha dicho, a firmar el mencionado convenio por no estar de acuerdo en la cantidad que se adeuda: 945 millones según la consejería de Obras y 600 según el ministerio.
