“Canarias  no puede soportar en solitario una presión migratoria que compete a todo el Estado”

Clavijo insta al Estado a cumplir la orden del Supremo mientras se agrava la saturación en los centros de menores

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este martes en el Parlamento autonómico el respaldo unánime de la Cámara para exigir al Ejecutivo central el cumplimiento inmediato de la resolución del Tribunal Supremo que establece un plazo de quince días para el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico advirtió de que “las excusas no sirven” y subrayó que las Islas han alcanzado el límite de su capacidad de acogida. “Incluso hemos hablado con el Papa Francisco”, reveló, en un gesto que evidenció la magnitud y el agotamiento institucional ante una situación que continúa estancada en los despachos de Madrid.

Clavijo aportó datos que reflejan la dimensión de la crisis: 5.800 menores han llegado en los momentos más críticos, 4.554 permanecen bajo protección, más de mil han solicitado asilo en los últimos siete meses y solo 199 han sido reubicados, además de los 60 que siguen en el centro Canarias 50. Según precisó, las reuniones interadministrativas celebradas cada martes “se han convertido en una rutina sin resultados”. “Es un trabajo inútil”, afirmó, recordando que el Supremo ordenó los traslados inmediatos y que el Estado continúa alegando falta de recursos.

“Cuando los menores llegan aquí, nadie se pregunta si Canarias tiene capacidad para asumirlos”, denunció el presidente.

El debate parlamentario giró en torno a la soledad institucional del Archipiélago y a la falta de corresponsabilidad del resto de comunidades autónomas. El diputado Raúl Acosta (AHI) sostuvo que “no es admisible que una sola comunidad soporte una presión migratoria que debe ser responsabilidad de todo el Estado”, y señaló que El Hierro acoge más de 300 menores, mientras “hay regiones que no pueden con 100”. “¿Estamos hablando de un problema de capacidad o de color de piel?”, cuestionó.

En la misma línea, Casimiro Curbelo (ASG) instó a articular una hoja de ruta conjunta con el Estado y la Unión Europea, al considerar que el actual modelo de gestión “no soporta este ritmo de llegadas”. Clavijo recogió la propuesta y adelantó un programa de traslados hasta marzo, coincidiendo con la vigencia del decreto de emergencia migratoria. Según explicó, desde junio entran más menores de los que se reubican, y la ligera reducción en las cifras responde únicamente a los que alcanzan la mayoría de edad.

En el plano político, las posiciones mostraron una marcada división ideológica. Nicasio Galván (Vox) ironizó sobre la confianza del presidente canario en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y rechazó modificar la Ley de Extranjería, proponiendo destinar los fondos migratorios a centros de día. En contraposición, Luis Campos (NC-bc) respaldó la exigencia del Gobierno canario, calificando de “penoso” que haya sido el Supremo quien recuerde al Estado su obligación legal, y criticó la “deslealtad institucional” de las comunidades gobernadas por el PP.

La portavoz popular Luz Reverón se mostró especialmente contundente al denunciar la “pasividad y el abandono” del Gobierno central y exigir una respuesta inmediata. “El problema ha superado todos los límites aceptables”, afirmó, en sintonía con la advertencia de Clavijo sobre el papel de Canarias como “dique de contención del África Occidental” mientras el Estado permanece inactivo.

Por su parte, el socialista Sebastián Franquis trató de rebajar la tensión, acusando al presidente de “mantener un enfrentamiento constante” y de buscar “proyección mediática”, aunque evitó ofrecer explicaciones sobre el incumplimiento de la sentencia judicial.

La sesión concluyó con una sensación generalizada de urgencia y desbordamiento. Todos los grupos coincidieron en que Canarias asume una carga que excede sus competencias autonómicas, y que el problema requiere una respuesta de Estado.

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, sintetizó el consenso jurídico: “El Tribunal Supremo ha sido inusualmente claro. No hay margen para interpretaciones”.

Mientras tanto, las comunidades peninsulares mantienen su negativa al reparto y el reloj judicial continúa corriendo para los menores que aguardan una solución.