Canarias pierde más de 140 millones en obras que quedaron desiertas entre 2021 y 2023

Denuncian que las administraciones públicas insulares licitan, a sabiendas, Obras y servicios por debajo de los precios de mercado

Canarias ha perdido más de 140 millones de euros en varios cientos de obras que quedaron desiertas, eso es lo que denuncia la Asociación de Empresarios y Constructores de la  provincia de Las Palmas. ¿El motivo? Según señalan entre enero de 2021 y el 28 de enero de 2023, las distintas administraciones públicas han licitado obras conociendo a priori que sus precios no son acordes al mercado actual. El resultado no se ha hecho esperar, más de 300 obras han quedado desiertas, o lo que es lo mismo: ninguna empresa ha podido presentarse a las mismas ante la imposibilidad de poder cumplir el contrato a los precios designados. Este es un hecho muy significativo y pone de relieve “la tozudez” de la mayoría de las administraciones públicas al tiempo que el “flagrante incumplimiento” de las normas básicas en materia de contratación administrativa, triplicando en el año 2022 las obras desiertas respecto de 2021.

Por Administraciones:

1. Los Ayuntamientos encabezan la lista con 57,8 millones, lo que supone un 40,2 % s/t.
2. Les sigue la Administración del Estado, con 25,03 millones y un 18% s/t.
3. A la saga, los Cabildos con 24,35 millones y un 17 % s/t.
4. La CCAA alcanza los 23,8 millones y un 16,8.
5. Con el menor de los importes, unos 11 millones entre AENA y TRAGSA, con un 8%.

Por tipo de obra, infraestructuras deportivas, hidráulicas, viarias, canalizaciones y redes, equipamiento urbano, educativo, estaciones de transporte, centros geriátricos, centros culturales, aparcamientos, laboratorios, rehabilitación de edificios públicos y una larga lista más, quedan fuera del alcance de los ciudadanos hasta tanto, la maraña administrativa, les devuelva a la posibilidad de ser contratadas, ejecutadas y cumplan con sus efectos multiplicadores en productividad, empleo y bienestar social.

A ello, unimos el hecho de que la gran mayoría de dichas Administraciones Públicas, con especial relevancia los Ayuntamientos, se niegan a revisar los precios de las obras que están en ejecución (contratadas a precios anteriores a las tensiones del mercado en cuanto a las materias primas) incurriendo en “enriquecimiento injusto” y financiándose a costa de las empresas ejecutantes y de sus proveedores, generando una cadena de incertidumbre y pérdidas económicas.

Diferenciando a la CCAA que sí se ha acogido a la revisión y ha cooperado bonificando al 100% la tasa de dirección de obras (4%) y los Cabildos de GC y Fuerteventura, ninguna otra Administración está respondiendo al evidente desequilibrio de los contratos suscritos con las empresas.