CC pide unidad administrativa para que el dinero presupuestado se gaste realmente en Canarias

Los nacionalistas presentan 457 enmiendas al presupuesto canario para aumentar fondos en servicios sociales e impulsar el Plan Reactiva

El Grupo Nacionalista Canario ha presentado este martes 457 enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 68 de las cuales son al articulado y 389 a los estados financieros y que suponen el traslado de 238 millones de euros.

Entre las enmiendas al articulado destacan la contabilización de los 200 millones de euros, no los 100 millones iniciales, con cargo al importe de las sentencias del Tribunal Supremo por el cumplimiento del Gobierno del Estado del Convenio de Carreteras.

Este incremento, señalan, permitirá aumentar las partidas que desarrollan la Ley de Servicios Sociales así como un apoyo económico a las personas en ERTE que tengan una pérdida de renta y que pueda contribuir tanto al apoyo a su situación individual como a la reactivación económica.

Por su parte, aseguran que resulta "imprescindible" mejorar la dotación del 'Plan Reactiva Canarias' que no ha quedado suficientemente dotado en las cuentas autonómicas pues "no llegan a 10 las partidas presupuestarias vinculadas a medidas identificadas en el presupuesto".

Es por ello que piden que "se identifiquen en las partidas presupuestarias, en el plazo de un mes, las prioridades del Plan Reactiva, tanto las de 2021 como las del 2020 que tienen continuidad el próximo año".

Sin duda, prosiguen los nacionalistas en una nota, la administración pública canaria tiene que reforzar sus políticas de personal "y crear unidades administrativas específicas para gestionar los fondos extraordinarios que están por venir".

Además, a través de estas enmiendas, se faculta al Gobierno, entre otras medidas, a abordar los procesos de estabilización o consolidación del empleo temporal que reduzca el índice de temporalidad con las máximas garantías para el personal afectado.

En su opinión, es necesario elaborar un estudio y planificación del despliegue funcional y territorial, de necesidades de personal y de recursos humanos y materiales.

En esta línea, y para garantizar la atención de los niños y jóvenes en los centros educativos, dadas las condiciones derivadas de la Covid-19, entienden que se hace necesario continuar con la contratación de personal hasta la finalización de curso escolar 2020-2021.

Otros de los sectores que requiere de mayor número de profesionales es el ámbito social, por lo que CC plantea que el Gobierno sea capaz de contratar personal interino en este área "dado que concurren razones de necesidad y urgencia debidamente justificadas".

En cuando a las administraciones públicas locales, se propone la creación de un Fondo extraordinario de liquidez para la recuperación de los municipios que han padecido una merma significativa de sus ingresos y que reciben la mayor demanda social ante la crisis.

Además, en consonancia con lo solicitado por la Fecam, se propone aplicar a 2021 el mismo régimen excepcional para la gestión del Fondo de Financiación municipal que en 2020, dado que "las circunstancias excepcionales persisten" y es preciso continuar con las medidas de flexibilización.

En materia de Vivienda, se faculta a Visocan para la concertación de préstamos para construcción de vivienda pública y se plantea exonerar la repercusión del IBI de las viviendas del parque público a los arrendatarios en los que resulte acreditada una pérdida de ingresos como consecuencia de la Covid-19.

Para fomentar la creación, actualización o ampliación de infraestructura pública que mejoren la movilidad urbana se propone articular un sistema de movilidad sostenible y que sea accesible para todas las personas con movilidad reducida.