Diputación del Común ve «alarmante» la dependencia en Canarias y exige más personal
Yanes reclamó “un pacto de solidaridad obligada” para el reparto de los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas puesto que es responsabilidad de todo el Estado
El diputado del Común, Rafael Yanes, ha anunciado que la institución va a realizar «un informe extraordinario» sobre la «inaceptable» y «alarmante» situación de la dependencia en Canarias, la peor de España y el área del que más se queja la ciudadanía
Yanes presentó en el Parlamento el informe de la Diputación del Común de 2020 y dijo que está muy satisfecho con los ciudadanos, que cada vez hacen más uso de esta institución para defender sus derechos. Sin embargo, aseguró que está insatisfecho con la respuesta de las administraciones públicas, con matices por la dificultades administrativas derivadas de la pandemia el año pasado.
Recordó que accedió al cargo hace tres años y en su primer informe anual, el de 2018, ya se declaró escandalizado porque las resoluciones sobre dependencia, en vez de los 180 días legales, tardaban 520.
El problema es que en el segundo informe anual, el de 2019, el plazo era aún más «inaceptable», de 720 días, y que en este tercer informe, el de 2020, va ya por 927 días.
Rafael Yanes puso ejemplos «alarmantes» de la falta de respuesta de la Comunidad Autónoma en dependencia, como el de una joven de 36 años cuyo padre pidió la ayuda en 2016 y cinco años después su hija ha fallecido sin recibirla.
Ahora mismo, la Consejería de Derechos Sociales está tramitando las solicitudes de revisión de grado de dependencia que los ciudadanos y ciudadanas presentaron en 2015 y 2016 y está resolviendo los recursos presentados en 2013, lamentó.
«Aquí pasa algo», dijo Yanes, y apuntó a la falta de personal con datos comparativos: Canarias cuenta con 2,2 millones de habitantes y 64 trabajadores temporales en dependencia, no solo para evaluar, sino también para trabajo administrativo (90 trabajadores con las nuevas incorporaciones).
En comparación, Castilla y León tiene 2,4 millones de habitantes y 800 evaluadores, Galicia tiene 2,7 millones de habitantes y 701 evaluadores y Comunidad Valenciana tiene 5 millones de habitantes y 1.326 evaluadores.
Hay algún dato positivo, como que ha aumentado el número de personas con reconocimiento de discapacidad más que en otras regiones o que la lista de espera ha bajado en cuatro puntos, admitió.
En discapacidad, la situación es parecida: una revisión de grado de discapacidad presentada en febrero de 2018, para la cual la Consejería de Derechos Sociales tiene 90 días para responder, aún no lo ha hecho, y han pasado 1.215 días.
Las quejas en materia de discapacidad aumentaron en 2020 un 20%, la mayoría por el incumplimiento de plazos para resolver las peticiones del grado de discapacidad.
Yanes expuso también las quejas en vivienda, educación, sanidad o atención a menores inmigrantes, asunto este en el que reclamó «un pacto de solidaridad obligada» para su reparto entre las comunidades autónomas puesto que es responsabilidad de todo el Estado respetar sus derechos.
El confinamiento durante la pandemia provocó una reducción de las quejas en un 41% en el segundo trimestre del año en relación al primero, pero en el conjunto del año los expedientes fueron un 11% más, con lo que se acumula un 60% más en los últimos tres años, muestra del avance de esta institución en su «humanización» y su atención cercana a los reclamantes gracias al trabajo de adjuntos y asesores, destacó.
Todos los representantes parlamentarios alabaron sin excepción el «excepcional» trabajo de la Diputación del Común, su buena evolución y su actuación «pegada a la calle» y con cada vez más actividad y respeto de la ciudadanía.
En materia de vivienda, Yanes indicó que han disminuido las quejas relacionadas con los desahucios por la paralización de los plazos judiciales de los lanzamientos, pero alertó de que puede haber «una situación compleja» cuando se retomen las actuaciones.
Señaló que en todas las intervenciones de la Diputación del Común en desahucios la respuesta del Instituto Canario de la Vivienda ha sido positiva, si bien subrayó que solo estará garantizado el derecho constitucional a la vivienda cuando la administración cuente con un parque de vivienda pública suficiente en alquiler social.
En educación, Yanes relató el aumento de las quejas por inseguridad sanitaria de padres y profesores, aunque se congratuló de que finalmente los contagios no fueron los que se presumían.
En materia de menores, Yanes reclamó la mejora de la atención a los 2.770 menores inmigrantes no acompañados, pero subrayó que la Comunidad Autónoma está «desbordada» y ha recibido una respuesta insuficiente de otras regiones, por lo que defendió una «solidaridad obligada» para poder respetar los derechos de los niños.
En menores, el diputado del Común denunció que no se ha realizado el plan de infancia y adolescencia, pendiente desde 2014, no se ha reformado la ley integral de atención a los menores, pendiente de 2015, no se han creado nueve de los once centros de atención temprana para niños con problema de desarrollo y sigue sin aprobarse el reglamento de puntos de encuentro familiar, pendiente desde 2016.
