El empleo público gana peso frente al privado
Casi el 20% del empleo de Canarias es público: 1 de cada 5 trabajadores
La Administración pública en Canarias sitúa en 164.340 la plantilla de funcionarios o, lo que es lo mismo, uno de cada cinco personas con un empleo en las Islas es empleado público, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, además, recoge un total de 906.254 afiliados a la Seguridad Social. El dato llama la atención, pero resulta más significativo que el número de empleados públicos sea mayor que el de las personas asalariadas que trabajan para el sector del comercio o la cifra de afiliados a la Seguridad Social en el de la hostelería. Y eso que ambos son los principales motores económicos de los que se vive en el Archipiélago
Asimismo, en las Islas el sector comercial, que personifica al 25,3 % de las empresas efectivas, ampara a un total de 163.654 individuos, aunque la cifra de trabajadores que llevan un sueldo a casa son 117.620. En la hostelería hay 196.400 personas que viven de este sector, siendo los empleados por cuenta ajena un total de 141.506 personas.
En relación al número total de personas ocupadas en Canarias, los funcionarios representan el 19,2 % de los puestos de trabajo. Así, son 26.550 empleados de la administración central; 60.950 trabajadores de la administración autonómica; 41.450 funcionarios de los ayuntamientos, y 3.522 de las dos universidades.
Mientras el conjunto del territorio nacional, el número de personas que trabaja para las administraciones públicas son 2.967.578. De ellos, la inmensa mayoría -1.845.163- (el 62,18 %) está al servicio de las comunidades autónomas; que un año antes empleaban a 1.617.142 personas, según el mismo Boletín Oficial del Estado.
La EPA revela además cómo durante los últimos años se ha ido incrementando el número de funcionarios a sueldo en todo tipo de administraciones. No obstante, si se analiza al detalle este dato, se puede comprobar que casi el 72 % se corresponde a las comunidades autónomas.
Por otra parte, durante el 2023 cerca del 80 % del empleo total era privado y el 17,2 % público. Todo ello pese a que la tendencia es que el número de funcionarios siga aumentando en detrimento del número de autónomos, que asfixiados por los requisitos gubernamentales impuestos, desciende considerablemente cada año en España.
