El Estado español lleva a los tribunales los presupuestos de Canarias
El Ejecutivo central y autonómico discrepan en dos preceptos sobre la inversión en puertos deportivos y sobre el SCS
- Lancelot Digital
El Gobierno interponía este martes en el Consejo de Ministros un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los presupuestos autonómicos de Canarias del año 2025 por discrepancias con el Ejecutivo canario en dos preceptos sobre la inversión en puertos deportivos y sobre el Servicio Canario de Salud.
Así lo ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que no obstante ha admitido que hay "avances" en las negociaciones con el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo.
En concreto, Torres ha manifestado el rechazo del Ejecutivo a la disposición final cuarta de los presupuestos de Canarias, que establece que el puesto de gerente del Servicio General de la Salud puede compatibilizarse con retribuciones provenientes del sector privado, ya sea trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. "Eso incumpliría la ley de presupuestos del año 2023 (...) del mismo modo que también iría en contra del Estado básico y estatal", ha manifestado Torre, que ha avanzado que este es uno de los preceptos donde no ha habido acuerdo con Clavijo y que, tras haber pedido un dictamen al Consejo de Estado, han elevado un recurso al Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, el Gobierno ha rechazado la disposición final octava de las cuentas públicas canarias de este 2025, que establece que la inversión en puertos deportivos sería "no menos del 20%", cuando la normativa estatal, según Torres, "establece que tiene que ser por encima del 50%".
Además, ha recordado que la normativa estatal exige que las inversiones se hagan "en seis meses", mientras que en la ley de presupuestos de Canarias se ha establecido un periodo de cuatro a seis años. "De acuerdo en estos asuntos, será ya el Tribunal Constitucional, de acuerdo a los informes que se contienen, quien terminará dilucidando", ha concluido el ministro, que ya adelantó el pasado 18 de septiembre que se presentaría este recurso.
Criticas de CC
No ha tardado Coalición Canaria en salir a paso de esta decisión estatal, acusando al Gobierno de España de “poner zancadillas a Canarias” tras la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional las cuentas autonómicas por dos cuestiones técnicas “menores y perfectamente subsanables”.
El secretario de Organización de los nacionalistas canarios, David Toledo, tachó de “inadmisible” que “un Ejecutivo que lleva años sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado dedique sus esfuerzos a torpedear las cuentas de Canarias, que sí aportan estabilidad, certidumbre y respuestas a las necesidades más urgentes de esta tierra”.
En este sentido, Toledo recalcó que “la ausencia de presupuestos estatales es lo que realmente asfixia a Canarias, lo que frena inversiones, compromisos y soluciones a los problemas de la ciudadanía. Frente a esa parálisis del Estado, el Gobierno de Canarias ha cumplido con su responsabilidad: aprobar en tiempo y forma unos presupuestos para 2025 que refuerzan los servicios públicos esenciales y miran al futuro con responsabilidad. Y lo volverá a hacer en 2026, mientras el Estado sigue sin cumplir los plazos para sacar adelante sus cuentas”.
Respuesta del PSOE
Por su parte, el PSOE Canarias ha respondido con firmeza a las críticas vertidas por Coalición Canaria calificando de "realmente asombroso" que los nacionalistas traten de culpar al Ejecutivo estatal y al ministro Ángel Víctor Torres "cuando son ellos mismos los que no ejecutan su propio presupuesto".
Fierro ha recordado que "1.300 millones de euros sin ejecutar" en las cuentas del Gobierno de Canarias "no son responsabilidad de Madrid, sino de quienes gobiernan en las Islas". "De verdad, ¿no tienen otra cosa que decir?", se ha preguntado, reprochando a CC su falta de gestión en áreas esenciales como dependencia, sanidad, educación o vivienda.
La dirigente socialista ha subrayado que el recurso presentado por el Gobierno de España ante el Constitucional responde a una cuestión de legalidad y no a ningún tipo de "boicot" político. "Una de las medidas estrella de esos presupuestos permitía que quien viniera de la sanidad privada cobrara lo mismo en la pública, lo cual debía ser revisado. La responsabilidad de cualquier gobierno constitucionalista es velar porque las normas se ajusten al marco legal", ha añadido.
