El Estado permite usar “parcialmente” el superávit de las entidades locales
El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias y lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un empate, roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.
La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso como es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.
En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.
Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PDECat, mientras que IU-Podemos ha optado por la abstención al entender que se habían introducido mejoras en el texto y esperaban seguir avanzando en la tramitación parlamentaria. Los comunes, por su parte, consideran que los avances no son suficientes.
El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.
El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorpora una “resolución política” de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.
Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un “seguimiento detallado” en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.
El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.
El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.
En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.
Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.
Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.
Tejera cree que no es la solución ideal
En el caso de Lanzarote, Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé, expone su postura ante el acuerdo firmado, “Estamos contentos de que el Estado haya tenido la sensibilidad de buscar una salida a esta situación que nos afecta a tantos ayuntamientos de Canarias y de toda España, pero somos conscientes de que esta no es la solución ideal. Lo definitivo es que se derogue la Ley de Estabilidad presupuestaria, esa ley que el PP puso en marcha hace muchos años y que es la que nos ha limitado a la hora de poder usar los remanentes, es decir, los ahorros que tenemos de nuestros vecinos y que deberían redundar en ellos”.
Y comenta que se sigue trabajando en el acuerdo. “Quedan muchas cuestiones por seguir desarrollando, hay muchos temas que no tenemos claros, por ejemplo, ¿qué pasa con esos ayuntamientos que no tienen remanentes? ¿no se benefician del reparto?
Por otro lado, la nacionalista Migdalia Machín, secretaria General Coalición Canaria Lanzarote, se muestra se muestra disconforme con la medida tomada.
“Esto ha sido un varapalo para las instituciones insulares y locales porque, al final, ese dinero era nuestro. Y ahora lo necesitamos más que nunca para temas de ayudas sociales y bienestar social”, señala.
