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El Gobierno de Canarias solicita al TSJC el uso obligatorio del certificado covid


La sala dispone de setenta y dos horas para dar una respuesta, lo que sitúa el límite final del plazo en el 25 de diciembre

 

  • Lancelot Digital/Canarias7
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    La petición del Gobierno de Canarias al Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la obligatoriedad del certificado covid ha sido registrada este miércoles en la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas.

     

    La sala dispone de setenta y dos horas para dar una respuesta, lo que sitúa el límite final del plazo en el 25 de diciembre. Desde que la resolución se notifique a las partes se dará cuenta a los medios por este canal.

     

    El Gobierno de Canarias toma esta decisión después de que el TSJC aceptase el 'certificado Covid' de forma voluntaria en establecimientos públicos, que entró en vigor en el archipiélago el pasado viernes, 10 de diciembre. Este se aprobó con una vigencia inicial de un mes, hasta el 10 de enero. De esta manera, Sanidad ha explicado que su uso permitirá a los sectores que lo apliquen flexibilizar las restricciones en cuanto aforos y horarios que estén en vigor en cada momento según el nivel de alerta en el que se encuentre la isla correspondiente.

     

    Es decir, que en los tramos horarios y aforos que el Decreto ley reduce cuando se incrementa el nivel de alerta, se puedan seguir observando los del nivel inferior, siempre que la situación sanitaria de las personas que se encuentre en los distintos espacios y establecimientos permita tener la certidumbre de que el riesgo de transmisión o de enfermedad grave va a ser mínimo. Para ello se requiere una prueba diagnóstica de infección activa negativa, sustituible por el certificado de vacunación.

     

    Tras el aumento de los casos en los últimos días, este miércoles se notificaron 2.669 contagios en las últimas horas, y las festividades de las próximas semanas, el Gobierno de Canarias solicita que su implantación tenga carácter obligatorio.

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