El Gobierno recurrirá al Constitucional la consulta sobre el petróleo

Si el recurso es admitido a trámite, la consulta se suspenderá inmediatamente durante cinco meses

Lancelot Digital

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, convocada para el 23 de noviembre, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según informa Efe, Sáenz de Santamaría ha explicado que tras recibir el informe del Consejo de Estado apoyando el recurso que el Gobierno solicitó interponer ante el Constitucional contra la consulta canaria, el Ejecutivo ha decidido dar este paso.

La vicepresidenta ha avanzado que impugnarán dos decretos del Gobierno de Canarias relacionados entre sí y referidos a la consulta convocada por las prospecciones petrolíferas.

Preguntada por la fecha de la impugnación, la vicepresidenta ha dicho que el Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones.Una vez firmada la petición de impugnación, que ya está rubricada, corresponde a la abogacía del Estado el registro ante el Tribunal Constitucional, por lo que ha señalado que la fecha no la podía decir.

Aunque no se conoce la fecha, el próximo pleno ordinario del Tribunal Constitucional convocado es el 4 de noviembre.

A la cuestión sobre si el Ejecutivo en algún momento se ha planteado algún otro mecanismo para la consulta en Canarias, Sáenz de Santamaría ha señalado que se está hablando de competencias del Estado, no del Ejecutivo de Canarias.

Sáenz de Santamaría ha añadido que Canarias tiene sus competencias, que el Gobierno respeta, y esta comunidad en el marco de sus competencias podrá tomar las decisiones que estime oportunas. "Estamos hablando de un referéndum sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado", ha precisado.

En este sentido, ha asegurado que "sobre esas competencias, no hay capacidad de negociación", ya que tanto las comunidades autónomas como el Estado deben ejercer cada uno sus respectivas funciones, y "otra cuestión es no cumplir o no respetar el marco competencial".

Suspensión durante cinco meses

La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, como ocurre en este caso, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la consulta será suspendida por el Tribunal Constitucional porque es "ilegal".

Rivero cree que se trata de frenar “por razones de tipo político”

Por su parte, el presidente canario, Paulino Rivero, se ha mostrado este viernes convencido de que los dos decretos aprobados para posibilitar la convocatoria de una consulta popular relativa a las prospecciones petrolíferas se han elaborado "desde el cumplimiento estricto de la legalidad vigente".

Antes de que se conociera la decisión final del Gobierno de recurrir la consulta canaria sobre las prospecciones al Constitucional, Rivero ha afirmado que "son razones de tipo político" las que tratan de frenar la iniciativa de su Ejecutivo.

Rivero ha señalado que no conoce el contenido del dictamen aprobado ayer por el Consejo de Estado y en el que se apoyará el Gobierno  para presentar su recurso de los dos decretos aprobados por el Gobierno canario para desarrollar el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, y convocar la consulta.

El Cabildo de Lanzarote  lamenta que el Gobierno “no quiera escuchar la opinión de Canarias"

Por su parte, el Cabildo de Lanzarote lamenta profundamente que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy “no quiera escuchar la opinión de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas”.

La primera institución de la isla defiende la consulta y expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional la respalde, al entender que “se trata de un derecho ciudadano absolutamente legítimo, democrático, y respetuoso y compatible con los preceptos de la Constitución española”.

La Corporación lanzaroteña desmiente “de forma nítida y rotunda a los dirigentes del Partido Popular que afirman que la consulta representa en realidad un referéndum encubierto, ya que en ningún momento se alude al cuerpo electoral o al censo, ni se gestiona por la administración electoral”.

“La consulta prevé que la ciudadanía canaria pueda expresar su opinión por medios telemáticos y también de forma presencial y, sobre la pregunta planteada en la que sería la primera consulta popular en la historia de la democracia en Canarias, ésta no debería implicar elemento alguno de ilegalidad de ninguna clase”, señalan desde el Cabildo. 

“El derecho a que las personas puedan manifestar su opinión de forma pacífica y libre sobre un asunto que ha generado honda e inédita preocupación en el conjunto de la sociedad canaria, y que constituye además un elemento de acreditada afectación para los intereses más vitales de Canarias, no puede ser cercenado por una decisión política de un Gobierno que aplica criterios opuestos en Comunidades Autónomas diferentes en función de  su exclusivo interés electoral”, concluye la primera institución de la isla.