El Supremo rechaza el recurso del Cabildo y el Gobierno de Canarias y convalida el decreto para las prospecciones
Asegura que ya han sido solventados los defectos. / Vea el vídeo / Vea el auto judicial completo
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Lancelot Digital
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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso judicial del Gobierno Canario y del Cabildo de Lanzarote para que sean suspendidos los permisos concedidos a Repsol para la realización de prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, convalidando en un auto fechado este lunes día 4 esa autorización.
El Supremo ha desestimado así la petición de esas dos corporaciones para que, por ejecución de la sentencia que su Sala de lo Contencioso dictó en 2004 contra los primeros permisos que se habían otorgado a Repsol, se anularan también los concedidos ahora.
Por lo tanto, sigue teniendo total validez jurídica la decisión del Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo de convalidar aquellos permisos otorgados a Repsol en 2001, por entender que ahora se han solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a anularlos.
Esta decisión judicial va por lo tanto totalmente en contra de las pretensiones del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote y supone un importante varapalo para estas corporaciones, ya que si bien quedan otras vías abiertas para “frenar” las prospecciones petrolíferas, esta era una de las basas fundamentales para lograr la nulidad de los nuevos permisos a través de una ejecución del fallo que cuestionó la legalidad de los aprobados en 2001.
La presentación judicial que ha rechazado el Supremo había sido realizada por el Cabildo de Lanzarote y después se adhirió a la misma el Gobierno de Canarias. La sentencia establece que las costas deben ser pagadas por esas dos corporaciones.
El recurso ante el Tribunal Supremo había sido presentado por el Cabildo el pasado 27 de marzo, después de que en un Pleno extraordinario y urgente, la primera corporación insular había acordado iniciar “de inmediato” el proceso judicial.
En ese recurso se argumentó que la convalidación de las autorizaciones de 2001 que ahora ha realizado el Estado “es contraria e infringe de forma clara y patente los pronunciamientos de la sentencia de 2004 del Tribunal Supremo”, que anuló dicha autorización por incumplimientos formales de la Ley de Hidrocarburos y por no contar con las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración exigido.
Al respecto, el Cabildo alegó que “no es posible convalidar dicho acto, declarado nulo, porque, a través de dicha convalidación, se comete un fraude de ley al dictarse una nueva autorización sin seguir el procedimiento legalmente establecido”, y también explica que la autorización “se ha aprobado once años después, con informes y documentos medioambientales realizados en 2004 que se encuentran actualmente desfasados”.
Este recurso fue realizado por el abogado Ignacio Calatayud, el mismo que elaboró las alegaciones que se presentaron al proyecto de prospecciones antes de que éstas fueran autorizadas por el Consejo de Ministros.
El presidente Pedro San Ginés tenía muchas esperanzas depositadas en esta instancia judicial, ya que el día que se anunció la presentación del recurso dijo que “hay más de 20 sentencias del Tribunal Supremo tumbando la convalidación de actos que fueron previamente anulados, así que la jurisprudencia indica que la Justicia va a frenar” las autorizaciones otorgadas por el Gobierno de España a Repsol. No obstante, el Supremo le ha quitado la razón al Cabildo y ha convalidado el permiso para las prospecciones petrolíferas.
