¿Es Canarias una cárcel para los migrantes recién llegados?

Cuatro alcaldes de los municipios turísticos más relevantes del Archipiélago hablan de lo que significa la inmigración y cómo afecta a sus territorios

Los municipios turísticos de Canarias se han convertido en punto de asilo involuntario para los inmigrantes que desde inicios de verano han llegado a las islas. Anhelaban arribar en Canarias, como puerta de entrada en Europa, donde la gran mayoría esperaba cumplir el sueño de un futuro próspero. Sin embargo, la lentitud burocrática, la escasa ayuda del Gobierno central, la falta de acuerdos con tercero países y hasta las desacertadas decisiones del ejecutivo regional han postergado su marcha y ahora se ven atrapados en la incertidumbre de un futuro incierto. Algunos viven un hospedaje interminable en hoteles de municipios turísticos, otros esperan la repatriación a sus países de origen y los menos afortunados deambulan por parques y plazas sin saber cómo encauzar sus vidas y llegar a cumplir sus objetivos.

La respuesta a esta situación la vienen reclamando especialmente los alcaldes de los municipios de acogida. Enclaves turísticos que se han visto desbordados por la falta de medios para atender a los recién llegados. "En este municipio, los lugareños están acostumbrados a ayudar a quienes llegan a sus costas. Aunque lo que ha ocurrido en el último año es para echarse a llorar. "La crisis migratoria no solo está afectando al turismo, está afectando a la sociedad. Hay un revulsivo social. No tenemos medios y el estado y Europa nos tienen abandonados. Este miércoles entraron 370 inmigrantes. Llevamos 1.600 en lo que llevamos de año. En 2021 tiene pinta de que se va a duplicar la llegada de inmigrantes. Esto solo va a ir a peor", criticó el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancourt.

Betancourt, que además es diputado por Coalición Canaria, asegura que ha hecho todos los esfuerzos posibles para que Canarias no fuese la puerta de entrada de la inmigración. Lo ha hecho enviando hasta 40 cartas como alcalde a la Comisión Europea de Pueblos, también al Gobierno. Pero nunca ha recibido respuesta. "Hemos sufrido mucho con el tema migratorio. Pero aquí tenemos a un Gobierno sumiso y en Madrid a quienes les interesa que los extranjeros se queden aquí y no toquen el territorio nacional, aunque saben que los inmigrantes quieren ir a Europa. Esto se parece cada vez más a una cárcel", sentencia.

Similar reflexión realiza la alcaldesa de La Oliva (Fuerteventura), Pilar Domínguez, quien no ve con buenos ojos el traslado de migrantes a zonas turísticas. "Yo me enteré cuando ya venían de camino, en un autobús. Sesenta inmigrantes, que aún sigue aquí, de Puerto del Rosario a la La Oliva. Nos quedamos paralizados. No tenía ningún sentido. Somos un municipio turístico y traerlos aquí no nos ayudaba. Por otro lado, se trataba de una provocación con toda la que estaba cayendo. En 2020, dimos más de 3.500 ayudas a personas en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, se estaba dando cobertura a inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas. ¿Cómo le explicas esto a los ciudadanos?" se pregunta la primera edil.

Este problema, no obstante, no es el único al que se enfrentan ahora los canarios. El embudo migratorio ha tensado la convivencia en las islas como nunca antes había ocurrido. "El hartazgo es máximo. Desde agosto hasta diciembre, los incidentes empezaron siendo menos graves, después fueron graves y ahora son muy graves. Tanto que el 60% de los incidentes que se producen en el municipio son protagonizados por menores. El último es que han tirado muebles y piedras a la Guardia Civil. Hablamos de jóvenes de entre 14 y 17 años que están alojados en tres hoteles. Cada uno tiene 200 menas. También han agredido a monitores, educadores... Hay un nivel de inseguridad tremendo", denuncia la primera edil del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno.

La alcaldesa socialista de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, es también una de las regidoras canarias que ha alzado la voz para denunciar una situación insostenible para su localidad, donde el Gobierno decidió alojar alrededor de 2.600 inmigrantes en siete complejos turísticos en el mes de noviembre."Desde el primer momento trasladé a la Delegación del Gobierno que alojar a personas migrantes en alojamientos turísticos era un error porque no es el lugar adecuado. La mayoría son respetuosos, pero también existen algunos están desesperados por su situación, no quieren quedarse en esta isla, y se crea el caldo de cultivo para que proliferen los altercados y los hurtos, casi siempre entre ellos mismos", matiza.