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Marci Acuña reclama al Gobierno viviendas tuteladas para discapacitados

El parlamentario también plantea la necesidad de revisar la situación del copago del convenio con los Cabildos para la atención de estas personas

Lancelot Digital

 

El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Marci Acuña, ha propuesto este viernes, durante la Comisión de Discapacidad, integrar las viviendas para personas con diferentes necesidades de apoyo en entornos comunitarios, a propuesta de diversas asociaciones como la Asociación Adislan, de Lanzarote.

 

Esta iniciativa permitiría, por un lado, dar respuesta a las necesidades de algunas familias que no pueden ofrecer a la persona con discapacidad intelectual la atención y educación que precisa así como un futuro de progresiva independencia, tanto a nivel del crecimiento personal como social, evitando la futura necesidad de invertir más recursos, tipo residencias, que con más costosos y menos personales.

 

En este sentido, Acuña explicó que esta iniciativa se enmarca en la necesaria apuesta que debe establecer el Gobierno de Canarias para facilitar el desarrollo de planes que promuevan la transición desde sistemas institucionalizados para personas con discapacidad hacia sistemas de vida basados en la comunidad, “para ello se deben crear verdaderas oficinas de vida independiente, dirigidas a la inclusión de la persona en su comunidad, siempre modulada en función de los apoyos  que se requieran”.

 

Asimismo, según destaca la nota enviada por el parlamentario lanzaroteño, se planteó la problemática de los menores que sufren algún grado de discapacidad intelectual que han vivido en los centros de protección y que cuando alcanzan la mayoría de edad no tienen a dónde ir. “Sería una buena opción para ellos continuar con su proyecto de vida en estos entornos para la consecución de una verdadera inclusión social”, precisó.

 

                                                                              Copago

 

Durante la Comisión, Marci Acuña también planteó la necesidad de revisar la situación del copago del convenios entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos para la atención a las personas con discapacidad, dada la preocupación de muchas asociaciones que gestionan plaza públicas de atención a  la discapacidad, como es el caso de Adislan.

 

Siendo la discapacidad una realidad que afecta al 6,6% de la población, debe tener un reflejo equivalente en las políticas públicas orientadas a mejorar los servicios disponibles y ajustar los costes plaza/día a una ficha financiera más acorde a la realidad.

 

Esto sería posible si se modificara la cantidad reservada para los gastos personas, la modificación en el ´cálculo de la capacidad económica para las personas dependientes en centros de estancia diurna, no superando en ningún caso el 50%, realizar un cálculo equitativo para valorar las exigencias  necesidades de las personas según su nivel de discapacidad, crear servicios de ayuda a domicilio flexibles en horarios y prestaciones y crear servicios de apoyo especiales para casos extremadamente graves, como son algunas patologías duales o cuadros con una elevada alteración de la conducta.

 

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