Más de 20 años de retraso en la reforma de la unidad de explotación turística en Canarias
ASCAV denuncia que el Gobierno autonómico ignoró durante décadas un dictamen europeo que exigía restituir los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos
- Lancelot Digital
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha denunciado el retraso de más de dos décadas en la modificación del principio de unidad de explotación turística en Canarias, una medida que, según recuerdan, fue cuestionada por la Comisión Europea desde el año 2005.
De acuerdo con la asociación, el Dictamen motivado de Infracción nº 2002/4861 instaba ya entonces al Gobierno de Canarias a suprimir este principio en los complejos de apartamentos y bungalows turísticos, al considerar que vulneraba los derechos de los propietarios. Sin embargo, la resolución no fue atendida y, según ASCAV, los operadores turísticos han seguido explotando estos inmuebles “contraviniendo” las directrices europeas.
La organización subraya que esta normativa, vigente desde la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y reforzada por la Ley 2/2013, ha afectado a más de 200.000 pequeños propietarios. Estos se han visto obligados a ceder sus viviendas a un único explotador turístico, sin posibilidad de utilizarlas como residencia habitual, disfrute personal o alquiler a terceros. A ello se suma, denuncian, que los costes de mantenimiento y mejoras recaen en los propietarios, mientras que en algunos casos los ingresos apenas alcanzan los 300 euros mensuales.
ASCAV también recuerda que, durante distintas crisis turísticas, algunos explotadores abandonaron complejos, dejando a los propietarios en situación de desamparo. Pese a ello, sostienen, la Administración no permitió flexibilizar los usos de estos inmuebles, manteniendo restricciones incluso cuando quedaban fuera del circuito turístico.
En este contexto, la asociación considera contradictorio que se hayan impuesto sanciones a propietarios por hacer uso de sus viviendas o alquilarlas, al tiempo que se impedía destinarlas a vivienda vacacional, pese a encontrarse en suelo turístico.
En 2022, ASCAV volvió a denunciar esta situación ante las autoridades europeas al entender que se seguían vulnerando derechos fundamentales de los propietarios. Ahora, la entidad muestra su sorpresa tras recientes declaraciones de la Consejería de Turismo, que ha anunciado la modificación de la normativa por exigencias de la Unión Europea, y no —según critican— por la emergencia habitacional o las reclamaciones de los afectados.
Ante este escenario, ASCAV reclama explicaciones al Gobierno de Canarias y la adopción de medidas urgentes para restablecer los derechos de los propietarios, incluyendo la paralización inmediata de sanciones.
Asimismo, la asociación pide que se revisen los cambios previstos en la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, advirtiendo de que podrían generar un perjuicio económico y social significativo. En este sentido, señala que la Comisión Europea ya ha solicitado un informe sobre esta normativa para analizar su adecuación al marco comunitario.
ASCAV concluye exigiendo al Ejecutivo autonómico “altura de miras” y la suspensión de cualquier iniciativa que, a su juicio, pueda seguir vulnerando los derechos de miles de familias canarias, en un conflicto que amenaza con reabrirse en el ámbito europeo.
