Nueve meses de prisión para el general Espinosa Navas por cohecho en la pieza fotovoltaica del caso Mediador
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife impone la misma pena al empresario Antonio Bautista y condena al mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte a cuatro meses y 15 días
- Lancelot Digital
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas a nueve meses de prisión por un delito continuado de cohecho en la primera pieza separada del conocido como caso Mediador, centrada en el ámbito de las energías renovables.
La sentencia, dada a conocer este martes, impone la misma pena al empresario del sector energético Antonio Bautista Prado y condena al mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte a cuatro meses y 15 días de cárcel por el mismo delito. El fallo se produce tras el veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal del jurado que enjuició la causa a finales de enero.
El jurado consideró acreditado que Bautista, con la intención de expandir sus negocios en Canarias, contactó en 2020 con Navarro Tacoronte, quien actuaba como intermediario y facilitó encuentros con Espinosa Navas, entonces general de División en situación de servicios especiales. El objetivo era favorecer la obtención de contratos vinculados al sector de las energías renovables.
Según recoge la resolución judicial, el 14 de septiembre de 2020, tras una reunión en un restaurante madrileño, el empresario entregó 3.000 euros en efectivo al mediador, quien repartió el dinero con el general. En las semanas siguientes se produjeron nuevas entregas de efectivo —3.000 euros el 22 y el 30 de octubre; 1.500 euros el 4 de noviembre; y otros 3.000 euros el 12 de noviembre— que, de acuerdo con el relato de hechos probados, fueron igualmente distribuidas entre ambos.
Además de las cantidades en metálico, el empresario abonó un viaje a Fuerteventura para el general entre el 23 y el 25 de noviembre de 2020, asumiendo los gastos de vuelos, alojamiento y alquiler de vehículo.
La sentencia analiza de forma detallada la condición de autoridad del general, pese a encontrarse en servicios especiales, y concluye que mantenía su condición de funcionario público al desempeñar funciones en el marco de la FIIAPP, integrada en el sector público estatal. El tribunal entiende que concurren los elementos del delito continuado de cohecho, al apreciar una sucesión de pagos y beneficios vinculados a un mismo plan dirigido a favorecer intereses empresariales aprovechando el cargo público.
