Rivero pide intervención de la Fiscalía por publicaciones de El Día
El presidente en funciones de Canarias pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado al objeto de averiguar las personas involucradas en la falsificación y difusión de documentos oficiales que atribuyen a su familia unos supuestos negocios en México.
La página web del Gobierno de Canarias ha publicado este domingo un comunicado en el que el presidente en funciones del Ejecutivo, ante las informaciones publicadas el sábado 18 de junio de 2011, y domingo, 19 de junio de 2011, en el periódico El Día referentes a la supuesta constitución, tal y como aparece en el diario, “de una sociedad en México, en 1997, donde aparecen como propietarios la esposa y una hermana del ahora presidente de Canarias, Paulino Rivero, además de una tercera mujer, por una enorme cantidad económica, claramente superior a las posibilidades que se deducen del estatus profesional de los reseñados”, entre otros supuestos publicados, el presidente manifiesta:
1. Que siempre ha respetado, respeta y respetará la función de los medios de comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz recogido en la Constitución Española.
2. Que la información publicada en el periódico El Día en su edición de hoy, domingo, 19 de junio, acerca de la existencia de un supuesto poder notarial otorgado por su esposa y otras dos personas, es rotundamente falsa y se basa en la falsificación de un documento público que nunca ha existido, tal y como queda acreditado en la certificación expedida por el Consulado General de España en México.
3. Que nunca ha admitido, admite ni admitirá que se someta al Gobierno o a su Presidencia a chantaje o presión dirigidos a vulnerar la legalidad vigente en cualquier procedimiento administrativo que se sustancie por la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Que la falsificación de un documento público, utilizando sellos y emblemas del Gobierno de España, constituye un delito de especial gravedad, que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado para la averiguación de las personas involucradas en la falsificación y difusión del documento.
5. Que, en consecuencia, ha dado instrucciones para que se emprendan cuantas acciones legales sean procedentes para la defensa de los intereses de la institución a la que representa y para que se requiera a la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos anteriormente citados.
