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Piden 73 años de cárcel para Miguel Ángel Ramírez

 

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitan que se imponga esta condena al empresario y presidente de la UD Las Palmas

 

  • Lancelot Digital
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    La Agencia Tributaria y la Seguridad Social solicitan que se imponga una condena de 73 años de cárcel al empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por un presunto fraude a las arcas públicas de más de 20 millones de euros a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), según ha adelantado este miércoles El País.

     

    En los escritos de acusación de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que ha formulado la Abogacía del Estado a los que ha tenido acceso el periódico se reclama también una condena de 73 años de cárcel para el administrador único de SIC, Héctor de Armas, por el presunto fraude.

     

    Además de la pena de prisión para Ramírez, Hacienda y la Seguridad Social piden que se le imponga una multa del triple de la cuota defraudada, es decir, 60 millones, y que se le impida recibir subvenciones y beneficios fiscales.

     

    Ramírez cometió presuntamente a través de SIC cinco delitos contra Hacienda y nueve contra la Seguridad Social, según la Abogacía del Estado.

     

    El empresario supuestamente camuflaba sobresueldos y horas extras de su plantilla, como dietas y desplazamientos -conceptos exentos de tributar-, sistema con el que se le acusa de haber defraudado entre 2009 y 2013 un total de 6,5 millones de euros a Hacienda y 13,7 a la Seguridad Social.

     

    El Ministerio Fiscal aún está en plazo para formular acusación o sobreseimiento sobre la causa

     

    El último magistrado que ha investigado las presuntas irregularidades cometidas por el empresario Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en la empresa SIC dictó el pasado mes de junio el auto de procesamiento como posibles autores de un delito de fraude tributario y contra la Seguridad Social.

    El procedimiento contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, que concluyó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canarias, Arcadio Díaz Tejera, pasó por otros tres jueces instructores, Victoria Rosell, Salvador Alba y Carla Vallejo.

    El segundo de ellos, Salvador Alba, fue condenado a seis años de cárcel porque ofreció beneficios a Ramírez en esa causa a cambio de que declarara en cuestiones que perjudicaron a la primera instructora, Victoria Rosell, cuando fue candidata de Podemos al Congreso.

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