¿Por qué preocupan a la Justicia canaria las consecuencias de la presión migratoria?
La Fiscalía alerta del aumento de expedientes, la falta de personal y las dificultades para investigar las redes migratorias
- Lancelot Digital
La llegada de pateras a las costas de Canarias, especialmente a islas como Lanzarote, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que va más allá de la atención humanitaria: las consecuencias de la presión migratoria sobre un sistema judicial que ya arrastra importantes problemas estructurales. Las llegadas registradas durante septiembre y principios de octubre reavivan un debate sobre el que la Fiscalía de Canarias ya había advertido en su Memoria de 2026.
El documento, que analiza la actividad judicial de 2025, señala que la llegada de menores extranjeros no acompañados multiplicó los expedientes y obligó a reorganizar especialidades como Menores y Extranjería, especialmente afectadas por el incremento de asuntos.
La situación llevó a reforzar las plantillas en ambas provincias. En Santa Cruz de Tenerife, los funcionarios de apoyo en estas áreas pasaron de uno a tres y en diciembre se incorporaron dos fiscales. Sin embargo, la Fiscalía considera que los recursos siguen siendo insuficientes. En Las Palmas se nombraron cuatro fiscales de refuerzo dedicados exclusivamente a estos procedimientos y se mantuvieron dos apoyos administrativos.
Las dificultades no se limitan a la falta de personal. La Fiscalía advierte también de los obstáculos para investigar a las organizaciones que facilitan la inmigración irregular, cuyos responsables operan frecuentemente desde otros países.
Durante 2025, Las Palmas registró 18 procedimientos relacionados con inmigración irregular, 16 calificaciones y 26 sentencias, de las que solo una fue condenatoria. En Tenerife se contabilizaron 129 diligencias previas, 14 acusaciones y diez sentencias por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La presión judicial también se refleja en el conjunto de la actividad penal. Los juzgados canarios incoaron 121.753 diligencias previas durante 2025, un 3,26% más que el año anterior.
En el ámbito de Menores, Las Palmas contabilizó 2.949 diligencias preliminares y 729 expedientes de reforma, un 42% más que en 2024, según recoge la memoria.
A estos problemas se suman las vacantes, la inestabilidad de algunas plazas, las deficiencias de las sedes judiciales y una digitalización todavía incompleta. La advertencia de la Fiscalía cobra especial relevancia ante las recientes llegadas de pateras a Lanzarote, aunque los datos de la memoria corresponden a 2025 y no permiten medir todavía el impacto judicial de los desembarcos de septiembre y octubre de 2026. El principal interrogante es si los refuerzos actuales serán suficientes para afrontar una nueva acumulación de expedientes en un sistema que ya reconoce dificultades para absorber su carga de trabajo.
