Rechazar un trabajo en Canarias podrá salirte muy caro
El Servicio canario de empleo prevé un decreto para sancionar a quienes no acepten ofertas laborales
- Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias avanza en un decreto para sancionar a las personas desempleadas que rechacen una oferta de empleo o una acción de formación propuesta por el Servicio Canario de Empleo (SCE). Según publica Diario de Avisos, el SCE autonómico prevé tener listo este texto antes del verano.
La futura norma limitará a dos los supuestos en los que se podrá rechazar una oferta sin consecuencias. El primero será por enfermedad. El segundo, cuando la persona no tenga la formación necesaria para desempeñar las funciones del puesto ofertado.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario busca responder a la falta de trabajadores en varios ámbitos con dificultades para cubrir vacantes. Entre ellos figuran la metalurgia, la construcción y el sector naval, donde las empresas llevan tiempo alertando de problemas para encontrar mano de obra.
Solo dos causas para rechazar una oferta
La futura regulación recoge únicamente dos motivos para no aceptar una propuesta sin ser sancionado. Uno de ellos es acreditar una enfermedad que impida asumir ese puesto o esa formación. El otro es no contar con la cualificación exigida para el desarrollo de esas tareas.
Fuera de esos supuestos, el decreto abriría la puerta a sanciones. La medida busca evitar rechazos que, a juicio de la Administración, dificultan la cobertura de empleos en actividades esenciales para la economía de las Islas.
La propuesta ya ha encontrado respuesta sindical. Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT Canarias, ha mostrado en La Radio Canaria su rechazo al enfoque del decreto y ha cuestionado que se plantee una nueva vía sancionadora para las personas desempleadas. “Criminalizar nuevamente a los trabajadores o a los desempleados en este caso, para nosotros es cuestionable que se plantee una sanción adicional”, ha señalado.
El representante sindical también sostiene que esta medida no sería necesaria desde el punto de vista legal. A su juicio, la normativa estatal ya contempla mecanismos de sanción.
