Se cierra un pleito de 25 años por 500 millones de euros
Canarias indemnizará a los empresarios hoteleros afectados por la moratoria turística de 2003 y permitirá que los planeamientos municipales decidan el futuro de las parcelas
- Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias ha cerrado un litigio de 25 años con empresarios hoteleros afectados por la moratoria turística de 2003 con un acuerdo que supondrá el pago de cerca de 500 millones de euros en indemnizaciones, pero que también abre la puerta a que algunas de las parcelas afectadas puedan volver a acoger proyectos turísticos.
El conflicto se remonta a la denominada moratoria turística aprobada en 2003 durante el Gobierno presidido por Román Rodríguez. La normativa paralizó licencias, autorizaciones y proyectos de urbanización sobre determinados suelos turísticos, lo que llevó a sus propietarios a reclamar judicialmente compensaciones por el lucro cesante y los daños derivados de la imposibilidad de desarrollar los proyectos previstos.
El acuerdo, alcanzado a principios de este año y posteriormente avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), afecta a 36 expedientes. Las empresas llegaron a reclamar inicialmente cerca de 1.000 millones de euros, una cantidad que posteriormente se redujo a unos 650 millones y que finalmente quedará en torno a los 485 millones de euros.
A cambio de aceptar esta reducción, el Gobierno de Canarias ha modificado su planteamiento inicial sobre el futuro de los terrenos. Las sentencias del TSJC establecían que las parcelas debían ser desclasificadas y pasar a tener consideración de suelo rústico. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha decidido no aplicar esa reclasificación automática y permitirá que sean los planeamientos municipales vigentes los que determinen el uso de cada parcela.
Esto significa que aquellos terrenos que mantengan una clasificación que permita el desarrollo urbanístico podrán volver a acoger construcciones, incluidas nuevas plazas turísticas, si así lo contempla el planeamiento.
Las 36 parcelas se encuentran en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, concretamente en los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Yaiza y Pájara. Entre sus propietarios figuran cadenas y empresas como Lopesan, Satocan, Seaside y Dreamplace.
El Gobierno justifica el cambio de criterio por razones económicas y urbanísticas. Reclasificar como rústicos terrenos situados en zonas ya urbanizadas habría obligado posteriormente a realizar nuevas modificaciones para permitir su desarrollo, generando un coste adicional para las administraciones.
Las indemnizaciones oscilarán entre aproximadamente un millón de euros en algunos expedientes y más de 40 millones en el caso de los proyectos con mayores reclamaciones. El acuerdo pone así fin a uno de los litigios más prolongados derivados de la moratoria turística de Canarias.
