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Se desinfla el caso Clavijo

La fiscal afirma que “no aprecia delitos” en los hechos que le imputaba el juez César Romero Pamparacuatro y por eso pide el archivo de las actuaciones..

Lea el escrito de Fiscalía

 

 

 

Lancelot Digital

 

La fiscal Maria Farnés señala en su escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, en el que pide el sobreseimiento de las actuaciones en la causa abierta contra el candidato de CC a la presidencia del Gobierno canaria, Fernando Clavijo, que “no aprecia delitos” en los hechos que se le venían imputando.

 

Ya el pasado mes el juez César Romero Pamparacuatro, ahora apartado del caso por un querella por “retardo malicioso”, retiró dos imputaciones que pesaban sobre Clavijo por supuestamente haber mediado en la contratación de un empleado en la empresa Urbaser y por la suspensión de cierre de un bar.

 

A Clavijo le quedaban así dos imputaciones, tal y como recuerda La Provincia. Una, por supuestamente haber influido para que determinados locales de ocio nocturno incumplieran el horario de cierre o evitar órdenes de precinto, y otro por un presunto delito de fraude en la concesión de ayudas a dos afectados por aluminosis en el barrio de Las Chumberas, uno actualmente asesor municipal y otra una concejal del PSOE, forzando además su realojamiento con la colocación de puntales en sus casas para obtener informes favorables para su traslado al considerarse inhabitables.

 

Sin embargo, la Fiscalía considera que “no existen indicios de que Clavijo cometiera delito alguno en relación con esos hechos”.

 

En cuanto al tema de los locales de ocio nocturno, la fiscal apunta que los hechos “no han sido acreditados y no se aprecian delitos de prevaricación, de cohecho, ni de negativa a promover la persecución de los delitos”.

 

Así, pide el archivo de las actuaciones que se originaron tras la denuncia del empresario de ocio nocturno, Carlos David Calderón, que afirmó en su día que existía un acuerdo entre el Ayuntamiento y el empresario Evaristo González para hacer la vista gorda con el horario de cierre de sus locales y, por contra, sancionar todas las veces que fuera posible al de Calderón.

 

Sin embargo, se presentaron como pruebas varias actas levantadas por la Policía Local demostrando que también se sancionó en múltiples ocasiones a los locales de Evaristo González entre 2004 y 2007.

 

Por otro lado, en cuando al supuesto fraude en la concesión de ayudas a los afectados de Las Chumberas, la fiscal apunta que tras practicarse distintas pruebas y a pesar de la existencia de diferentes conversaciones telefónicas, no ha quedado acreditado la existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

 

De esta forma se vuelve a poner en entredicho la labor del juez instructor de este caso, el magistrado César Romero Pamparacuatro, que ya ha venido siendo cuestionada en los últimos años por su instrucción en el caso 'Unión'. Respecto al caso Corredor, de hecho, uno de los imputados presentó una querella contra él por retardo malicioso, al tardar 28 meses en levantar el secreto del sumario. Querella que fue admitida a trámite obligando al juez a apartarse del caso. 

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